El derecho a la educación no se agota en el acceso, se debe garantizar la posibilidad de participar y apropiarse de los bienes culturales; el sistema educativo argentino ha realizado un paso titánico en la declaración de una educación inclusiva, salto expresado en la Ley Nacional de Educación y en los documentos respaldatorios; salto que presupone una conquista fundamental social y política para las personas con discapacidad y también para todo el sistema educativo, sin embargo, a once años de la firma de dicho documento, no se han implementado medidas estratégicas, vertebrales para garantizar el pleno cumplimiento de las prescripciones ministeriales. Estos años debieron de servir para promover transformaciones radicales de las condiciones materiales y simbólicas del sistema educativo. Analizar las condiciones estructurales que hacen a las políticas de inclusión y exclusión, presupone no sólo advertir quienes están adentro y quienes afuera sino advertir las condiciones políticas que hacen a dichas territorializaciones y qué relaciones de poder se ocultan detrás de tales decisiones; presupone descubrir las prácticas de nombramiento, de demarcación de destinos, de exclusión, de discriminación que se han construido y se construyen desde una perspectiva colonialista.