La explotación minera metalífera en Santa Cruz llegó de la mano del primer yacimiento llamado Cerro Vanguardia y con el capital de las empresas Mincorp y AngloGold en 1996, tras una transformación del marco legal en Argentina. De la mano de Néstor Kirchner como gobernador y con la creación de la empresa estatal Fomento Minero Santa Cruz, Puerto San Julián se convirtió en la primera localidad de Santa Cruz en ser zona de influencia de un proyecto minero a cielo abierto. En 2004, precisamente tras la prohibición de la minería en otra localidad patagónica como Esquel, la empresa acompañada por el gobierno e instituciones decidieron fundar una Agencia de Desarrollo Local financiada por aportes de responsabilidad social de la empresa minera, teniendo como objetivo pensar en el futuro de San Julián, esto es en su diversificación productiva y desarrollo, antes de que la minería cese la actividad. En este marco, el problema a analizar es el rol que desempeña esta institución en la localidad y contrastar si sus objetivos de desarrollo y diversificación productiva se han cumplido o no de cara al cierre planificado para 2025, identificando los intereses existentes en torno a los fondos de la institución, tanto de los actores que participan en ella como los de la comunidad. Para estudiar el problema se ha realizado una revisión bibliográfica acerca del extractivismo (Svampa, 2009; Gudynas, 2011) y sobre la visión de la responsabilidad social empresaria de la minería (Antonelli, 2009; Composto, 2012). Se han analizado los planes de responsabilidad social empresaria de la Agencia de Desarrollo, y se han mantenido entrevistas semiestructuradas con actores clave. También se realizó una encuesta con emprendedores que han recibido créditos de la institución para evaluar el acompañamiento en sus proyectos y la generación de empleo local. Tras realizar el análisis del caso, se ha logrado conocer a qué actores de la comunidad han sido dirigidos principalmente los aportes, cómo funciona la institución, cómo es el reparto de poder, y se ha comprobado el escaso cumplimento de los objetivos propuesto en el plan estratégico de la Agencia y la falta de generación de actividades económicas alternativas que creen empleo pensando en el próximo cierre de mina. A su vez, se visualiza como gran parte de la comunidad, tanto entes públicos, privados como instituciones sociales requieren de estos fondos de responsabilidad social empresaria, que a su vez favorecen a la ya estable licencia social que ha logrado la empresa en la comunidad. Los resultados contribuyen al conocimiento critico acerca de la naturaleza de los fondos de responsabilidad social empresaria, y sobre el funcionamiento de una institución mantenida y creada por una corporación minera como instrumento de refuerzo de la licencia social en la comunidad. A su vez permite entender como se distribuye el poder político y económico en la institución y en la comunidad; y cómo se utiliza

Nuestro espacio se enmarca en el programa de Círculos de Estudio UNSAM de la Universidad Nacional de San Martín. Los Círculos de Estudio son dispositivos pedagógicos centrados en el aprendizaje experiencial, en los que se privilegia la construcción colectiva de conocimiento y la hibridación de metodologías pedagógicas en torno a una problemática. La asistencia es voluntaria y abierta a la comunidad. Iniciamos en el segundo cuatrimestre de 2019 con 8 encuentros quincenales funcionando de forma multidisciplinaria y multimodal. Buscamos problematizar el derecho al alimento y reflexionar acerca de cómo el modelo productivo imperante, que transforma el alimento en mercancía, tiene un impacto directo sobre los cuerpos y territorios. Proponemos encontrarnos para construir conocimiento –tanto teórico como práctico, y de manera colectiva– respecto de una propuesta sociopolítica superadora y emancipatoria, en relación con la producción, distribución y consumo de alimentos: la soberanía alimentaria. Consideramos central la idea de comunidad ya que nos proponemos como un espacio de encuentro de actores diversos de la sociedad civil, así como una herramienta para instalar la discusión en el ámbito universitario y de las políticas públicas. Desde una experiencia territorialmente situada y comunitaria, buscamos contribuir a redes mayores que luchan por la soberanía alimentaria, es decir, construir un sistema social, económica y ambientalmente saludable de producción, distribución y consumo de alimentos que pueda aportar a resolver las múltiples crisis actuales (social, económica, climática, energética). Estamos en red con organizaciones que cuentan con mayor trayectoria en el tema. Formamos parte de la Red Calisas (Red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria y espacios afines). En nuestras actividades buscamos generar un equilibrio entre invitadas/os del mundo académico, y de ámbitos territoriales, de manera de reflexionar colectivamente y hacer soberanía alimentaria. Proponemos intercambios entre expositores y asistentes, tanto a nivel discursivo como a través de dinámicas lúdicas que estimulen los vínculos, y fomenten el aprendizaje experiencial. Además compartimos alimentos agroecológicos, fomentando el contacto de las personas con el alimento y los vínculos comunitarios a través de la comensalidad. Y realizamos actividades especiales como proyecciones de películas, visitas a emprendimientos territoriales, talleres de cocina, intercambios de semillas, etc. Buscamos fomentar la toma de conciencia, a la vez que formar parte de un proyecto de educación ambiental, ya que nos interesa contribuir a la construcción colectiva de conocimiento en el que se revaloricen saberes populares y a la creación de redes entre participantes, así como a dar visibilidad a la problemática en el territorio y en el ámbito universitario. En 2020 nos centramos en la redes de soberanía alimentaria desarrolladas durante la pandemia. En 2022 realizamos un encuentro presencial con el foco puesto en el cuidado de la semilla nativa y criolla. Nuestra intención es continuar con las actividades enfocadas en aportar a las generaciones actuales y venideras una conciencia que pueda colaborar en una transformación de los procesos productivos, como en la recuperación y creación de espacios y lazos sociales que vuelvan a conectarnos con les otres y con la naturaleza, fortaleciendo de esta forma a la comunidad.

En los últimos años en la Argentina, el modelo de agricultura extractiva u orientada al agronegocio de la región pampeana, ha sido puesto en cuestión dada la emergencia de conflictos socio-ambientales vinculados al modo de producción. En la Provincia de Buenos Aires la ausencia de legislación de orden nacional y de orden provincial que regulen el uso y aplicación de agroquímicos en forma terrestre ha propiciado la sanción de normativas de escala local orientada a la regulación de su uso y también de ordenamiento territorial. Las escuelas rurales, salvo excepciones, son objeto de regulación dentro de las ordenanzas municipales que establecen distancias de aplicación terrestre. Sin embargo, por encontrarse en zona rural, se establece un régimen diferencial respecto de los periurbanos de los centros poblados, privilegiándose de ésta manera la actividad extractiva ¿productiva? por encima de la salud de la población educativa. Se presentan aquí los datos preliminares de un proceso investigativo que intenta articular la gestión socio-ambiental y el riesgo, haciendo foco en las escuelas rurales bonaerenses y las ordenanzas municipales vinculadas al uso de agroquímicos. A tal fin, se trabajó con datos de fuentes secundarias como los textos de las ordenanzas municipales sancionadas en los partidos de la provincia de Buenos Aires y que se encuentran sistematizados en el Repositorio de Políticas y Normativas de uso de suelo del Grupo de trabajo en políticas y normativas de uso de suelo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y el Mapa Escolar de la Dirección de Información y Estadística de la Dirección General de Cultura y Educación del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires del año 2021. Los principales resultados indican que existen 3059 escuelas rurales en la Provincia de Buenos Aires con una matrícula total de 135513 alumnes. Dentro de la provincia 23 partidos han sancionado ordenanzas de uso y aplicación de agroquímicos que no regulan la situación de las escuelas rurales. La provincia cuenta con 527 escuelas rurales que se encuentran dentro de partidos que no han legislado sobre la aplicación de agroquímicos sobre los establecimientos, a los cuales asisten 22067 alumnes. El total de alumnes que asisten a escuelas rurales en donde el uso y aplicación de agroquímicos se encuentra regulado por ordenanza es de 70.655. Éste último supuesto alcanza a 1633 escuelas rurales siendo heterogénea la regulación en cuanto a metros, días, horarios y otras condiciones de aplicación. Finalmente, 37 ordenanzas permiten aplicar agroquímicos en las inmediaciones de los establecimientos fuera del horario escolar alcanzando a 1104 escuelas con una matrícula de 47878 alumnes.

La recomposición de la economía capitalista, pos crisis de fines del siglo XX en América Latina, se materializó en un nuevo ciclo extractivista que enraizado en una matriz de desarrollo productivista acrecentó la concentración del capital, la extranjerización y la reprimarización productiva. La región transita desde entonces por un proceso de reordenamiento territorial, traccionado por grandes actores concentrados –empresas, instituciones financieras de créditos, organismos internacionales- que genera un efecto desigual en los usos del espacio geográfico (Manzanal, 2014). Los resultados ambientales de ese proceso, que algunos autores y autoras denominan como “neo” extractivista –dado que evidencia continuidades y rupturas con el extractivismo tradicional en la región-, se evidencian en la multiplicación de problemáticas y conflictos dado el impacto sobre los territorios y sobre las formas de habitar y vivir en comunidad. Las nuevas dinámicas de apropiación de los bienes comunes, y toda su infraestructura asociada, inviabiliza formas preexistenes de uso del espacio siendo fuente de conflictos diversos. El neo-extractivismo, entendido como una renovada forma de dependencia y subordinación de los bienes comunes de la región a los principales centros de producción internacional necesita del desarrollo de un complejo entramado de redes de infraestructura. Se materializa entonces un proceso de transformación de los macrosistemas técnicos sobre todo en el área de transporte, logística y circulación de cargas. Los corredores promovidos no tienen como principal motivación la articulación de las economías regionales sino la conexión bi-oceánica y la construcción de nuevas dinámicas de circulación que priorizan la exportación por sobre la articulación local. Reducir tiempos y costos de circulación y acceder a nuevas fuentes de recursos son las principales motivaciones de proyectos como la Iniciativa para la Integración en Infraestructura Regional Suramericana, anunciada en el año 2000, o la Iniciativa de la Nueva Ruta de la Seda (Un Cinturón una Ruta) anunciada por China en el año 2013 en la que se fueron incorporando una veintena de países latinoamericanos. En este contexto un corredor nodal para las aspiraciones de las grandes empresas, sobre todo las vinculadas a la expansión de los agronegocios en la región, es la hidrovía Paraguay – Paraná, particularmente en su tramo medio e inferior y a partir del desarrollo de corredores bioceánicos que transforman a los puertos ubicados sobre el Paraná en pivotes distribuidores de cargas. Este trabajo se propone el estudio de la infraestructura extractivista (Álvarez, 2019) desarrollada en ese territorio a partir del análisis de fuentes primarias y secundarias. Es de interés particular abordar los conflictos desarrollados por grandes obras de infraestructura en la intersección de la hidrovía y en el corredor bioceánico central, espacio referenciado como la “región centro de Argentina” y considerada como un “punto luminoso y verticalizado” (Santos, 1993) altamente cargados de infraestructuras y operaciones logísticas -o en proceso de reconversión- , como producto de la expansión de las fronteras del agronegocio sobre la Cuenca del Plata un proceso que ha modificado profundamente las características productivas de la región y que esta generando profundos impactos sociales y ambientales en las últimas dos décadas.

A mediados de los años ´90, en la Meseta Central Santacruceña (MCS) emergen los primeros indicios de lo que será una transformación radical del modelo productivo en ese espacio y en la provincia: simultáneamente al declive de la ganadería ovina extensiva, producto de fenómenos ambientales y la política económica imperante en esos años, evidenciado en el cierre de cientos de establecimientos ganaderos se radica lo que sería la avanzada de las grandes empresas mineras en el territorio: Cerro Vanguardia, propiedad de la multinacional sudafricana AngloGold Ashanti. Además de obtener una rentabilidad muy importante esta (y otras empresas que seguirán llegando a partir de allí) provocan impactos económicos y demográficos significativos en las localidades donde radican sus oficinas y sedes administrativas y gerenciales. El diferencial salarial y los aportes que, en concepto de Responsabilidad Social Empresaria (RSE), realizan hacen de las mismas sino un actor total al menos uno de mucho peso en la vida comunitaria. La creación de entes como Agencias de Desarrollo y otros similares han funcionado como verdaderas mordazas que sólo permiten pensar la coyuntura, dejando en la incertidumbre la posibilidad de pensar cómo será la vida en localidades, devenidas en pequeñas ciudades, una vez que la actividad minera concluya su ciclo. Un mapeo de la producción ganadera y la distribución de las empresas mineras; la revisión del impacto sobre la población en términos de expansión territorial y nivel socioeconómico así como los aportes de RSE, el volumen de producción y la rentabilidad estimada obtenida es lo que presentamos en esta ponencia.

Las ciudades expresan formas de territorialidad distinta, según las relaciones que sus sujetos establecen con el territorio. El trabajo forma parte de un proyecto de investigación y tesis situado en el periurbano de las ciudades de Batan y Estación Chapadmalal al suroeste del Partido de General Pueyrredon. Entiende al territorio como objeto de interpretación; en cuanto a relación sociedad y naturaleza, quienes usan el territorio y lo reproducen, construyen nuevas territorialidades positivas y negativas, sintetizando el ejercicio de poder y el testimonio de un modo de apropiación institucional, social, y funcional del espacio y de los subsistemas naturales; expresado en la minera de tercera categoría a cielo abierto de pequeña escala (local-regional), con un ciclo de apertura-explotación-abandono o-cierre. El soporte natural, no solo brinda un recurso productivo, es un proceso de reproducción material y social que tensiona la reproducción social como proceso social destinado a producir y reproducir la fuerza de trabajo para el capital de los agentes que interactúan en estas territorialidades. La co-construcción del problema y del riesgo requiere enfatizar la naturaleza social del problema y su construcción histórica se halla en distintos estadios de apropiación y de dominación entre la sociedad y la naturaleza, constituyendo procesos dinámicos de cambios que se manifiestan en un mosaico fragmentado de actividades y representaciones en el periurbano marplatense, afronta situaciones de conflicto vinculado al entorno productivo y la heterogeneidad de usos incompatibles de suelo (actividades mineres, urbanas, rurales, agrícolas e industriales). El territorio es en tanto producto de territorialidades intensas anodinas para unos y en territorios de sacrificios para otros, articulando relaciones y prácticas para resolver la existencia material, tejiendo un abanico de redes y convenios asentados en campos de lucha en que se da la vida social y reproducen las estructuras basadas más en el modo apropiación de los recursos naturales que en el de producción; regulando las relaciones no solo económicas sino de poder en el territorio y las pujas de interés a través de la acción pública, generando fragmentación espacial y territorial, no como consecuencia de las desigualdades socioeconómicas, sino como resultado de la desigualdad urbana en cuanto a la diferenciación social y acceso al territorio. Los distintos estadios de dominación, conllevan a la insostenibilidad ambiental provocada por el agotamiento de los recursos naturales hacia el 2050, escenarios de vulnerabilidad, riesgo y pasivo ambiental; la ausencia del Estado en el control del medio ambiente, la indefinición urbanística e instrumental producto de la indefinición conceptual del periurbano; caracterizan una territorialidad de transición entre el mundo urbano y el rural y la convierten en un espacio potencialmente marginal, de la acción y políticas públicas. La gestión territorializada de los asuntos públicos señala al territorio, más que al Estado, como el lugar de definición de los problemas públicos; por lo tanto, es de interés reflexionar acerca de estas territorialidades como “geografías prioritarias o territorios pertinentes” de políticas públicas para definir problemas y objetivos de acción dirigidos a las buenas prácticas desde la planificación y la gestión ambiental del desarrollo sostenible.

Desde la década del 90, el avance y la profundización del neoliberalismo ha expandido la lógica de mercado hacia todas las dimensiones de la sociedad. En consecuencia, surgen diversos colectivos y organizaciones locales que denuncian las injusticias sociales, territoriales y ambientales que produce un modelo económico basado en la competencia y el mercado. En el presente trabajo nos proponemos investigar una organización de esta índole, como lo es la asociación vecinal “Isla Verde”, la misma se define como un colectivo de trabajo ambientalista, horizontal y asambleario que lucha por la salud y por la vida. La metodología de trabajo se ha llevado a cabo a través de entrevistas en profundidad a los integrantes de la asociación, recopilación de información en: redes sociales, medios de comunicación y el proyecto publicado por la organización. El propósito del trabajo es analizar el desarrollo histórico de la misma, sus prácticas, objetivos y el conflicto actual en el que se encuentran. Asimismo, a lo largo del trabajo se establecen algunas vinculaciones y análisis con los conceptos de “bienes comunes”, las asociaciones vecinales patrimonialistas ambientalistas, y “el derecho a la ciudad”. Para finalizar, reflexionamos sobre la importancia de la participación ciudadana de Isla Verde y su accionar, así como también planteamos algunos interrogantes para investigaciones futuras. Palabras claves: Isla Verde, conflicto, bienes comunes, derecho a la ciudad, asociaciones vecinales patrimonialistas, asociaciones vecinales patrimonialistas ambientalistas.

El avance de la agricultura hegemonica, prinicipalmente representada por el modelo de agronegocios, es uno de los hechos más relevantes de las dinámicas extractivistas ocurridas en América Latina en las últimas tres décadas. Así, es posible observar la consolidación de sistemas productivos de commodities, que han adquirido un papel central en la provisión de las cadenas globales de valor a través de gran parte de la región. Esta consolidación se sostuvo en dos grandes cuestiones: por un lado, una expansión territorial sobre espacios considerados “perifericos” sostenidos en la una lógica de extracción de rentas y explotación del territorio, con fuertes impactos en el medio socio-ambiental. Por otra parte, tanto en territorios nuevos como aquellos que ya desarrollaban la agricultura, se consolidó un modelo tecno-cognitivo constituido un conjunto de tecnologías de productos y procesos, formas organizativas particulares y la construcción de conocimientos cientifico-academicos. Este último aspecto, es una de las dimensiones más relevantes y consolidadas para el desarrollo de la agricultura hegémonica. A partir de un dispositvo, con más de un siglo de trayectoria, que articula instituciones de I+D y los espacios de enseñanza en las universidades donde se forman quienes desarrollan los conocimientos, se constituye la agronomía como campo disciplinar. Esta constitución disciplinar es a su vez, uno las cuestiones de mayor complejidad al momento de pensar agriculturas alternativas (AA). De esta forma, en muchos casos el fuerte avance las AA como espacios de resistencia y nuevos modelos agroalimentarios que se refleja en el plano metodólogico, se muestra altamente tensionado en el plano epistemico. Esto es, se construye lo alternativo a partir de una misma base hegemónica a nivel epistemológico, lo que plantea fuertes desafíos en la consolidación de las mismas en el largo plazo. Sin embargo, en los últimos años se asiste a un escenario de discusión tanto en el plano epistemico, como en el plano ontológico de las agronomías. Es en estas discusiones donde, justamente, las humanidades han tomado un papel central. Las ontologías políticas, los enfoques “más-que-humanos”, post-humanos, la ética cuidado y las humanidades ambientales, entre otros, abordan los elementos que permitan diseñar e imaginar una agronomía alternativa, espacialmente situada, comprometida ambientalmente y movilizadora de conocimientos diversos. Así, en este trabajo se propone analizar el aporte de estos enfoques a la generación de una agronomía acorde a las agriculturas alternativas. Para ello, se recorren estas visiones, a fin de comprender como aportan a los diferentes aspectos epistemicos y ontológicos. A su vez, se reflexiona sobre como estas cuestiones pueden ser traducidas en acciones concretas a nivel institucional que permitan corresponderla con los avances logrados a nivel de prácticas de las AA. Finalmente, las posibilidades de imaginar nuevas agronomías parten de, como lo muestran estos enfoques, repensar las concepciones de naturalezas y tecnologías imperantes en el desarrollo agrícola. También en la generación de alianzas multiespecies y el desarrollo de enfoques que den espacios a nuevos elementos o aquellos que generalmente no son tenidos en cuenta a la hora de construir nuevos sistemas agroalimentarios.

En la presente ponencia nos proponemos describir y analizar un mapa de los conflictos ambientales que elaboramos acerca de las principales problemáticas ambientales que se desarrollan en la Región Metropolitana de Buenos Aires. Este trabajo se presenta como un incipiente avance de investigación de un grupo radicado en la Universidad Nacional de La Matanza integrado por estudiantes y graduadas del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de dicha Casa de estudios. Para la realización cartográfica hemos relevado más de 150 fuentes -principalmente noticias periodísticas y trabajos académicos-, con el fin de ubicar problemas ambientales en la región. Cabe destacar que el centro de la atención estuvo radicado en aquellos conflictos que emergen en localidades habitadas por comunidades indígenas. Para ello retomamos y trabajamos con la ubicación y registro de los pueblos efectuada por el Consejo Provincial de Asuntos Indígenas de Buenos Aires. En este primer avance cartográfico -que aún se encuentra en proceso de actualización- hemos encontrado que se registran más de 65 problemas ambientales en áreas atravesadas por cuencas hídricas, y con altos niveles de necesidades básicas insatisfechas. En la mayoría de los casos encontramos que los problemas emergen a partir de la implementación de un modelo extractivista que contamina el aire, suelo y agua a través de las fumigaciones de los campos en la zona, la instalación de basurales sin tratamiento, la proliferación de industrias que desechan químicos, el (mal) desarrollo inmobiliario, entre otras industrias y actividades que avanza sobre territorios, humedales en conflicto y los cuerpos de personas humanas y no humanas, entre otros. Asimismo, con el objetivo de explicitar nuestro estudio presentaremos algunos casos puntuales que visitamos en esta región para reconstruir las dinámicas y relaciones de poder que se dan entre los múltiples actores que confluyen en ellos. Parte de nuestra hipótesis de trabajo es que estas conflictividades afectan a la población y naturaleza, en general, pero diferencialmente a las comunidades indígenas, que además de sufrir en sus cuerpos y territorios la toxicidad del extractivismo, disputan permanentemente frente a la invisibilización y criminalización de su identidad y derechos culturales y territoriales.

La ponencia tiene como objetivo hacer un análisis de lo que se identifica y denomina aquí como las pulsiones míticas del extractivismo en Bolivia. Para ello, se elabora una definición de extractivismo acudiendo a la situación de una sociedad y a la distribución de capitales en la misma, abriendo la posibilidad de estudiar la parte simbólica del fenómeno. Es decir, a partir de una nueva definición de extractivismo se supera la la visión economicista y ambientalista abriendo la posibilidad de realizar estudios de lo extractivo desde las ciencias humanas y sociales. Posteriormente se construye, con ayuda de la semiología, el estructuralismo y el psicoanálisis, un marco conceptual que muestra el rol y el lugar de los mitos vinculados al extractivismo en el imaginario colectivo. Luego se exponen los mitos profundos de Bolivia a partir de la sistematización de los mismos que hace el filósofo boliviano Guillermo Francovich, mismos que explicitan el magma de significaciones primarias existentes en el imaginario colectivo boliviano que dan una explicación a la relación hombre-naturaleza. Posteriormente se identifican dos pulsiones míticas en disputa reconocibles en expresiones culturales bolivianas y cómo se plasman en el discurso político y pasan a configurar uno de los hilos principales de la historia de Bolivia. Finalmente, se establecen algunas conclusiones provisionales a modo de dar paso a investigaciones que profundicen desde el estudio de determinadas expresiones culturales lo sostenido a manera de teoría.

Como caso paradigmático de lo que Maristella Svampa ha denominado consenso de las commodities, la habilitación de la exploración sísmica al servicio de la instalación de explotaciones petroleras “off shore” en el Mar Argentino, fue comenzada en su tramitación legal-institucional por el gobierno encabezado por Mauricio Macri, y continuada luego, por Alberto Fernández y sus ministros. Sin embargo, esta expresión de neoextractivismo y apuesta por fuentes energéticas extremas (Svampa y Bernat, 2022), suscitó una importante movilización social en contra, que logró frenar hasta el momento su avance a partir de la combinación de la protesta callejera con el accionar legal. Es en ese marco que tuvo lugar la Audiencia Pública convocada por el Concejo Deliberante de General Pueyrredón, impulsada por el partido Acción Marplatense, y con objeto de evaluar la habilitación de la proyección sísmica sobre algunos de los bloques de potencial explotación. Como parte de una investigación en curso y mayor extensión, el presente trabajo tomará como objeto de análisis la cobertura de dicha audiencia por parte de uno de los más tradicionales medios de comunicación de la ciudad de Mar del Plata, el Diario “La Capital”. Los artículos periodísticos seleccionados se enmarcan en la Audiencia Pública realizada durante los meses de mayo y junio, donde participaron distintos actores: docentes, investigadores, organismos portuarios, representantes de empresas multinacionales, entre otros. El marco teórico abordado en el presente trabajo es el del Análisis Crítico del Discurso (Van Dijk,T. 2003 ; Fairclough, N.,1989) definida como una perspectiva o actitud crítica enfocada hacia problemas sociales, que se centra en los grupos e instituciones dominantes y en la forma en la que éstos crean y mantienen la desigualdad por medio de la comunicación y el uso de la lengua, sobre la base de una toma de posición explícita de solidaridad con quienes padecen esa dominación (Van Dijk, 2004: 8). Para analizar los mecanismos lingüísticos de dominación, nos resulta pertinente tomar como herramienta el discurso referido en sus diferentes usos: discurso referido en estilo directo, estilo indirecto, estilo mixto e indirecto libre (Reyes, G. 1993). A su vez, este estudio nos permite abordar las relaciones comunicativas (Zoppi- Fontana, 1986) entendidas como el grado de responsabilidad en el nivel de la enunciación y la actitud del hablante en el nivel del enunciado. Estas relaciones se presentan en el discurso a través de rasgos formales (dependencia o independencia sintáctica entre los enunciados), representacionales (el enunciado en tanto imagen de la realidad) y funcionales (dan cuenta de las relaciones comunicativas de responsabilidad y actitud). En otras palabras, las herramientas lingüísticas mencionadas nos permitirán observar la legitimación de ciertas voces y la desautorización de otras. Como posible hipótesis para este trabajo postulamos que, si bien las notas elegidas representan las dos posturas adoptadas a lo largo del debate, los distintos rasgos mencionados legitiman las voces que se encuentran a favor de la instalación de petroleras off shore en las costas de Mar del Plata.

La introducción de la biotecnología agraria (compuesta por semillas transgénicas y agroquímicos) en la Argentina a mediados de los años 90, implicó una profundización de la transformación en la estructura agraria iniciada con la “revolución verde” y su proceso imparable de agriculturación. Una serie de cambios en términos tecnológicos, productivos, sociales e identitarios re configuraron el panorama rural productivo nacional y dieron lugar a lo que algunos autores denominan como un nuevo “modelo de agronegocios” (Gras y Hernández, 2016) orientado a la generación de commodities para el mercado externo. Sobre la expansión de la lógica de este modelo y sus consecuencias en el deterioro ambiental y sanitario, se visibilizan ademas una multiplicación de conflictos, reclamos y disputas en las zonas agrarias (Arancibia, 2020; Manzanal y Arzeno, 2010; Leguizamón 2014; Merlinsky, 2013), que van mas allá de los margenes territoriales de la “zona núcleo” del agronegocio correspondiente a las provincias que se incorporaron tempranamente al modelo dominante, es decir Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Chaco Schmidt, Mariana, & Toledo López, Virginia, 2018) En este marco de conflicto, se define el uso de la tierra como espacio de resistencia, resignificación y creación de nuevas relaciones sociales y se apela a la construcción de lenguajes alternativos de valoración, en defensa y promoción de la vida y la diversidad biológica-cultural (Svampa,2008). El territorio es entonces el lugar central de disputa entre las lógicas extractivistas o de “acumulación por desposesión” (Harvey, 2004; Giarracca, 2011; Svampa y Viale, 2015) y es alli donde las experiencias agroecológicas definidas desde lo campesino, indígena, tradicional o ancestral enmarcadas en un modelo de desarrollo orientado al ‘Buen Vivir’ (De Sousa Santos, 2003) emergen como un paradigma alternativo al dominante dado su enfoque holístico y pluriepistemológico, orientado a generar y validar conocimientos para una agricultura sustentable y socio-culturalmente justa (Sarandón y Flores, 2014). Esta presentación propone una primera caracterización y mapeo de las organizaciones campesinas indígenas que trabajan con el paradigma de la agroecología en el “nicho” de producción que comparten Salta y Jujuy, así como sus vínculos entre sí, con ONGs y organismos estatales orientados a su implementación. Partiendo de la premisa que la agroecología es llevada a cabo por un conjunto heterogéneo de actores sociales y su contenido discursivo y práctico se encuentra tensionado por el Estado, el mercado y los movimientos sociales (Dominguez, 2019). A partir de los resultados de una investigación anterior y de entrevistas preliminares, se identificaron un conjunto de actores, que mediante redes cooperativas juegan un rol clave en el fomento de la agroecología en la zona estudiada. En esta ponencia, describiré sus formas organizativas, vínculos con “expertos” y con ONGs presentes en la zona. Indagaré sobre sus objetivos y trayectorias en el territorio, en función de datos geográficos, proyectos agro-productivos, usos y tipos de tenencia de la tierra, formas de financiamiento y vinculación con los proyectos de promoción agro-ecológica impulsados por el INTA.

La industria y auge del limón en el NOA es reciente y por ende contemporánea. Su creciente desarrollo atraviesa un entramado de fenómenos segmentados que parecieran aislados, como prácticas agrícolas, exportaciones e intercambio de divisas, concentración y distribución de la tierra, transformaciones rurales, condiciones laborales y alteraciones geográficas, sociales y culturales. A partir de un documental transmedia donde dialogan piezas audiovisuales, pequeñas crónicas, ensayos fotográficos, podcasts y diversos archivos como documentos, papers, mapas y estadísticas, la propuesta es historizar y complejizar de manera interactiva esta creciente economía regional. Se propone un reencuentro con el territorio para acercar el pasado reciente con nuevas generaciones atendiendo una perspectiva socio-ambiental. Argentina es el séptimo productor mundial de cítricos (SDA 02-2022 (Limas y limones incluidos - Limes and lemons included) Shaffe 12-2021 Inta y EEAOC - 2020) El 91% del territorio de superficie plantada de limones del país se concentra en la región NOA. Aquí la Provincia de Tucumán tiene un rol central a pesar de ser la más pequeña geográficamente, con un área citrícola de aproximadamente 40.930 ha plantadas, de las cuales un 95 % de esta superficie son áreas productoras de limón (Federcitrus, 2018). Se distribuyen en dos zonas: extremo noreste, centralizada en Burruyacu, con una franja estrecha hacia el suroeste de la provincia, hasta las cercanías del Aconquija, en el departamento de La Cocha. Estas áreas son mayormente zonas de pedemonte donde naturalmente se dan las condiciones propicias para este cultivo. Tucumán produce un millón cuatrocientas mil toneladas anuales de limón. Ante una industria y economía regional absolutamente pujante y rentable, con apoyo estatal para la inserción exportadora de fruta fresca, principalmente hacia Estados Unidos, China, Rusia y Brasil, las áreas de cultivo han ido aumentando lo que implica el avance de deforestación de bosques nativos (algunos con sitios arqueológicos no estudiados), alteración de ecosistemas, utilización de agrotóxicos sin ningún tipo de control estatal y uso indiscriminado de agua para el riego (desviándose cursos de cuencas en áreas que debieran estar protegidas). En los últimos años también aparece una creciente tensión entre sindicatos de trabajadores del sector y empresas productoras ante los bajos salarios y condiciones laborales precarias. Paralelamente el sector empresarial que concentra la propiedad de la tierra se ha mostrado permeable a la transformación del uso del suelo según el beneficio y renta económica. Así aparece desde los 90s el fenómeno creciente de urbanizaciones cerradas o barrios privados. Este avance se observa incluso sobre ex colonias agrícolas de trabajadores rurales, despojando familias con residencias de casi un siglo, como el caso de Colonia Chazal. El trabajo propone un viaje a través de los distintos fenómenos mencionados vinculados a este cítrico aproximando sus segmentaciones, preguntas, silencios y sombras

El presente trabajo expone los resultados del proceso de tesis de Magister en Estudios Internacionales en curso del autor, indagando en un análisis comparativo sobre la resistencia a la salmonicultura en Puerto Williams y Ushuaia (extremo sur chileno-argentino), que ahonda en las tensiones geopolíticas globales que este conflicto evidencia y las posibilidades de agencia de las comunidades locales frente a ello. La metodología del estudio ha sido cualitativa, desde la realización de más de 30 entrevistas telemáticas y presenciales a actores clave del ambientalismo de ambas localidades. En términos de análisis, se ha acudido a la metodología de análisis de contenido y análisis de redes sociales, buscando desentrañar los actores considerados como más relevantes por parte de los entrevistados, dentro del marco del conflicto. Como conclusiones preliminares, se evidencia una diferencia en términos de capacidades instaladas y formas de gobernanza entre ambas ciudades. El caso chileno evidencia una estructura de poder muy centralizado y con una baja percepción de influencia sobre las decisiones por parte del entorno. Al mismo tiempo, se evidencian en este conflicto la posición subordinada de la región latinoamericana a nivel geopolítico y geoambiental en el escenario global, frente a eventuales iniciativas de países del Norte Global (en este caso, de Noruega). Lo anterior no es excluyente con una activación de las comunidades locales, pero llama a la reflexión en torno a ciertas características de la gobernanza ambiental actual en ciudades aisladas: un rol preponderante de las ONG internacionales y un rol más o menos visible de las empresas salmoneras por buscar clientelizar a las comunidades en base a beneficios y sustitución de la actividad estatal de provisión de servicios.

Con la reforma de la Constitución Nacional del año 1994 se introduce en el Artículo 41 la llamada clausula ambiental y se garantizan los derechos ambientales. Casi concomitantemente, sobreviene en nuestro país el proceso de agriculturización, entendido como el uso creciente y continuo de las tierras para cultivos agrícolas en detrimento de los usos ganaderos o mixtos. Dicho proceso se asocia en la región pampeana a cambios tecnológicos, intensificación ganadera, expansión de la frontera agropecuaria hacia regiones extrapampeanas, y la tendencia de la agricultura hacia el desarrollo de producciones orientadas al monocultivo (Navarrete & Gallopín, 2007). Este proceso, también conocido como sojización, responde a la lógica de acumulación del agronegocio y se caracteriza por ser de corte extractivista. La consagración del derecho a un ambiente sano fue el punto de partida de una serie de normas jurídicas que se reprodujeron en todos los niveles de organización gubernamental conforme nuestro sistema federal de gobierno. La Ley General de Ambiente N° 25.675/2002, también conocida como Ley de Política Ambiental, se erige en la primera ley de presupuestos mínimos, sucediéndose otras en el tiempo. Sin embargo, no se ha sancionado ninguna ley que establezca pisos mínimos de protección de todos los eslabones de la cadena que se suceden en el ambiente en cuanto al uso y aplicación de agroquímicos. La Provincia de Buenos Aires integra las provincias de la llamada región pampeana y se divide jurídico-administrativamente en 135 municipios que constitucionalmente, por razones históricas, se llaman Partidos. En la misma se encuentra vigente el Decreto Ley provincial N° 499/91, anterior a la reforma constitucional, el cual en su Art. 38 prohíbe solamente las aplicaciones aéreas a una distancia menor de 2 kilómetros de los centros poblados pero nada dispone respecto de las terrestres. Ante este vacío de orden legal, los municipios, en un contexto de conflictividad socio-ambiental por el uso de agroquímicos, y en ejercicio de sus facultades legales –Art 192 inc. 4 y 6 CPBA y Art. 27 inc. 17 del Decreto-ley PBA N.º 6.869/58- han dictado ordenanzas municipales en orden a establecer distancias para la aplicación de éstos. A partir de un relevamiento realizado al mes de junio de 2022 a fin de establecer cuántos partidos de la PBA han regulado sobre el uso y aplicación terrestre de agroquímicos respecto de los núcleos poblacionales de sus ciudades cabeceras se determinó que 68 lo han hecho. Las ordenanzas de cada partido establecen distancias de aplicación muy heterogéneas dentro de la Provincia originado una fragmentación normativo-territorial que afectan el principio- derecho constitucional a la igualdad y violando derechos humanos como el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho al agua, entre otros. Nuestro ordenamiento jurídico demanda en forma urgente, una legislación nacional de presupuestos mínimos de agroquímicos, englobadora –y armonizadora- de todos y cada uno de los eslabones que deje de lado la fragmentación dando lugar a pisos mínimos de protección ambiental uniformes en todo el país en tanto el ambiente no es factible de división

En las últimas décadas la emergencia de distintos conflictos en Argentina ha permitido instalar la cuestión ambiental en la agenda pública. Estos conflictos han puesto de manifiesto las disputas en torno al acceso, distribución y gestión de los recursos naturales y el estado de las condiciones ambientales. La sanción de normas de protección ambiental es consecuencia pero también un factor incidente en la emergencia de tales conflictos así como en la instalación de lo ambiental como problema público. Desde 2006 se han debatido tres propuestas de leyes de presupuestos mínimos (sobres bosques nativos, glaciares y humedales) que, a diferencia de otras normas ambientales, han sido objeto de amplias discusiones entre diversos actores sociales, con importante repercusión en los medios de comunicación. Esas normas surgieron en un contexto de crecientes disputas por la conservación del ambiente que tomaron visibilidad en la agenda pública, como las vinculadas a la deforestación y al avance de la frontera agrícola, la megaminería y las mega-urbanizaciones. Las discusiones sobre las Leyes de Bosques Nativos y de Glaciares han continuado, aún luego de sancionadas, generándose nuevos conflictos durante la implementación. Cuando estas normas se aplican en las provincias, cambian los contextos y actores y se generan nuevos escenarios en los que intervienen otros intereses y relaciones de poder; por tanto, el sentido de la política que la ley nacional pretende instituir se renegocia total o parcialmente en las provincias. En los procesos de implementación se manifiestan las tensiones existentes entre y dentro de las provincias con respecto al desarrollo de actividades económicas, los usos del territorio y la protección de las condiciones ambientales. Esta investigación se focaliza en las disputas generadas en torno a la sanción e implementación de una de esas normas, la Ley de Glaciares; la cual establece los lineamientos básicos para la protección de los glaciares y ambientes periglaciales con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para diversos usos y prohíbe la exploración y explotación minera en esos ecosistemas, entre otras actividades. De esta forma, la Ley de Glaciares plantea un nuevo ordenamiento ambiental del territorio que es disputado por los distintos actores que intervienen en el proceso de formulación e implementación de esta política pública. El objetivo es analizar los discursos y estrategias puestas en juego en las controversias científico-técnicas generadas en los procesos de sanción e implementación de la Ley de Presupuestos Mínimos para la preservación de los Glaciares y el Ambiente Periglacial (Ley 26.639/2010). Como resultado de esta investigación se presenta un análisis de los actores estatales y no estatales que participaron en la sanción e implementación de esta norma, sus discursos y estrategias utilizadas para tratar de influir en la definición de los cuerpos glaciares y periglaciales a proteger. Se identifican los distintos sentidos del territorio que expresan los actores, entendiendo que esos sentidos contribuyen a crear las controversias y son disputados constantemente. Finalmente, se interpretan las implicancias territoriales de las controversias científico-técnicas a partir de la elaboración de una cartografía de glaciares y emprendimientos mineros.

En Argentina, el modelo de desarrollo agropecuario del agronegocio, derivado de la filosofía productivista de la Revolución Verde, genera diversas resistencias frente a sus múltiples consecuencias sociales y ambientales. Algunas de ellas se manifiestan mediante la construcción de canales de comercialización alternativos a partir de la organización de sujetos colectivos, tanto en ámbitos rurales como urbanos. En este escenario, el siguiente trabajo se propone analizar espacios de comercialización que visibilizan alternativas orientadas al logro de la Soberanía Alimentaria, entre ellos la Feria de Productores de Pozo Hondo de Santiago del Estero y el Mercado Sustentable de Luján en la Provincia de Buenos Aires. A tal fin, se hace hincapié en los contextos complejos de su surgimiento dentro de enclaves productivos, donde el Estado participa en tensión entre la regulación normativa y la facilitación de su existencia, a la vez que prioriza el modelo de agricultura industrial incompatible con otros modos de producción y vida. La metodología empleada parte de entrevistas semiestructuradas realizadas a productores y actores clave de dichos espacios, así como del análisis de bibliografía específica sobre el tema.

En las problemáticas ambientales se suelen desarrollar disputas en relación a la configuración del problema. Estas disputas están protagonizadas por distintos actores (con sus conocimientos y experiencias), que presentan asimétrico acceso a la esfera pública de discusión y resolución de la problemática. En particular, ciertos discursos científicos se configuran como autorizados a participar de las problemáticas en detrimento de otras voces. A ésto se le suma el creciente peso que tienen en la esfera pública las grandes empresas y sus lógicas. En este marco, se busca analizar comparativamente las asimetrías y omisiones de conocimientos, y las estrategias empresariales, que se ponen en juego en la problemática ambiental vinculada a la producción de bioetanol llevada adelante por la empresa Porta Hnos. en la ciudad de Córdoba. En lo referido a los distintos conocimientos intervinientes, se observan tres niveles de exclusión que dan lugar a que la configuración y desenvolvimiento de la problemática se asiente únicamente en algunos aportes de las ciencias químicas. Por otro lado, a través del análisis bibliográfico se reconocen estrategias recurrentes de diversas empresas a la hora de disociar su producción de cualquier posible daño. Estas estrategias refieren principalmente a la generación de falta de consenso científico respecto de la existencia de daños y del origen que se le atribuye. Finalmente, se analiza de qué manera los recortes de conocimientos descritos anteriormente favorecen estrategias empresariales de apelación a la multicausalidad y la complejidad para desconocer la relación causal entre la producción y los daños a la salud o el ambiente en el caso particular de la producción de bioetanol de la empresa Porta Hnos.

Se propone que una explicación normativa permitiría comprender por qué la desigualdad puede reducirse, anularse o aumentar si las condiciones de interacción social son las que cambian, incluso manteniendo constantes las condiciones de desarrollo económico. Se propone que toda situación social implica comportamientos que poseen contenido normativo que indica a los miembros de una comunidad las actividades, funciones y acciones que son correctas o erróneas, las que se institucionalizan y validan como forma de convivencia, perdurando en el tiempo (Cialdini y Trost, 1998). No obstante, debido a que son propias de la interacción humana, las normas pueden cambiar para ajustarse a lo que requiere una comunidad dependiendo de la situación contextual, incluso llevando a la coexistencia de normas contradictorias. Así mismo, se plantea que, al ser una respuesta humana, es posible que las condiciones económicas se modifiquen producto de los cambios normativos, por lo que no necesariamente serían dimensiones separadas, sino relacionadas. Se presenta en primer lugar, el contexto teórico amplio sobre los sistemas de distribución de la riqueza, seguido por los elementos teóricos relativos a normas sociales que pueden ayudar a comprender la existencia de desigualdades en el contexto rural y las consecuencias económicas de las mismas, junto con elementos teóricos que permiten predecir posibles consecuencias para la igualdad social. Estos elementos se abordan en el contexto de la Agricultura Familiar, avanzando en nuevas consecuencias y discusiones futuras.

La matriz energética argentina presenta una alta dependencia (alrededor del 87%) de combustibles fósiles. En las últimas décadas se dio un aumento en la cantidad de empresas del rubro energético de origen transnacional que operan en el país, debido, en parte, al otorgamiento de beneficios (inversión, garantía fiscal, regalías menores al 12%, etc.) por parte del Estado, quien se encargó de sentar las bases jurídicas y normativas que favorecieron la llegada de grandes emprendimientos hidrocarburíferos. Desde fines de los noventa, en un contexto de transformaciones estructurales marcado por desregulación económica, ajuste fiscal y privatizaciones, el aumento en la cantidad de proyectos basados en la explotación a gran escala de recursos naturales (en su mayoría no renovables) fue acompañado de reformas normativas y regulatorias orientadas al otorgamiento de incentivos y garantías a grandes empresas transnacionales por parte del Estado nacional. La política energética, como afirman Recalde, Bouille y Girardin (2015, p. 93), tanto en su diseño como en su implementación, se encuentra condicionada por una multiplicidad de factores (contexto, relaciones de poder, marcos regulatorios, políticos e institucionales, entre otros.) que determinan barreras, actores e instrumentos que intervienen y modifican su resultado final. La política energética nacional en las últimas tres décadas se orientó al desarrollo de proyectos de explotación de hidrocarburos no convencionales, actividad en torno a la cual se construyen sentidos, narrativas y racionalidades socio-técnicas contrapuestas. Así, mientras que, para ciertas instituciones y actores el fracking es una solución a diferentes problemas (según cada grupo social) que genera (o no) nuevos problemas, para otros, es un problema que desencadena otros nuevos. La presente ponencia se encuentra orientada a responder la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo políticas públicas aparentemente antagónicas que gobiernan un mismo territorio se despliegan en términos materiales y narrativos concretos? El trabajo se propone analizar la convivencia en el nivel subnacional de dos clases de políticas no concordantes, una orientada a energía (vía explotación hidrocarburífera) y la otra de cuidado y protección ambiental. El caso de estudio es el yacimiento Vaca Muerta y es abordado a partir del análisis socio-técnico. Se argumenta aquí que la convivencia de las políticas antagónicas está asociada con la jerarquización de las agendas, la relación entre políticas públicas y reproducción capitalista y la desigual presencia estatal en el territorio nacional. La metodología utilizada para responder a la pregunta de investigación consiste en una triangulación metodológica, con análisis de datos cualitativos, cuantitativos y diversas fuentes.

La reciente autorización en la Argentina y en el mundo de la comercialización del primer evento de trigo transgénico tolerante a la sequía y al herbicida glufosinato de amonio por parte del Ministerio de Agricultura reactivó el debate sobre la cuestión de los transgénicos y de su relación con los agroquímicos, así como también sobre las posibles ventajas y los potenciales riesgos ambientales, sociales y económicos que conlleva la aplicación de este tipo de tecnología. Desde 1996 en que se autorizó el primer Organismo Genéticamente Modificado (OGM), la soja RR, resistente a glifosato, la cartera de agricultura aprobó para el uso agrícola una gran cantidad de eventos de soja, maíz y algodón que fundamentalmente tienen las propiedades de tolerancia a herbicidas, resistencia a insectos o combinaciones de ambas. Por otra parte, considerando los eventos autorizados hasta la fecha, la mayor parte tienen la propiedad de tolerancia a herbicidas, lo que permite su aplicación durante la etapa de crecimiento del cultivo y, entre otras consecuencias, ha aumentado considerablemente las cantidades aplicadas de estos productos que tienen riesgos para el ambiente y la salud humana. A su vez, el aumento de la resistencia de las malezas ha llevado a que se retorne al uso de herbicidas más tóxicos, y se generen eventos GM tolerantes a los mismos. Es el caso del glufosinato de amonio, el herbicida al que tiene tolerancia el nuevo trigo transgénico. Con políticas que tuvieron continuidad durante los diferentes gobiernos desde 1996, hasta ahora los transgénicos han contado con la aceptación de los actores económicos pero con el rechazo de la mayoría de los actores sociales. La comunidad científica, en general, se manifiesta dividida. Mientras que los investigadores del área biotecnológica los aceptan de manera unánime, existe un creciente nivel de cuestionamiento desde otras áreas con motivo de los potenciales efectos de este tipo de tecnología. El aspecto novedoso en el caso del nuevo trigo genéticamente modificado es que a diferencia de los anteriores eventos transgénicos aprobados concita el rechazo generalizado de casi todos los actores económicos, académicos y sociales involucrados por sus potenciales riesgos ambientales y económicos. Desde el gobierno, particularmente el Ministerio de Agricultura, la firma beneficiada -que es una asociación entre Bioceres, empresa de capitales nacionales, y científicos del CONICET- y los científicos vinculados a los desarrollos biotecnológicos, se ha ponderado el nuevo evento fundamentalmente por su propiedad de resistencia a la sequía, omitiendo o minimizando los efectos de la tolerancia al glufosinato de amonio, destacando, entre otros argumentos, potenciales beneficios en términos productivos y ambientales. Entre otras cuestiones, desde una mirada crítica cabe preguntarse si se trata de una medida que efectivamente beneficia al conjunto de la sociedad, o si de alguna forma expresa un vínculo entre algunos intereses políticos, científicos y económicos. A continuación se propone discutir algunas de estas cuestiones con foco en el rol del Estado, particularmente en los dispositivos regulatorios implicados, y de la comunidad científica que también forma parte de dichos instrumentos de políticas.

En los últimos 20 años, el futuro ha sido objeto de un creciente interés en los estudios sociales de la ciencia y la tecnología (Hubert y Spivak L’Hoste, 2022). Por ejemplo, Sheila Jasanoff y Sang-Hyun Kim (2009) propusieron el concepto de imaginario sociotécnico para dar cuenta del rol de las expectativas y proyecciones a futuro como elemento crucial y constitutivo de sociedades globales (Wallerstein, 1979), en las cuales el desarrollo científico y tecnológico juega un papel central. La presente ponencia se inscribe en este marco analítico y propone algunas pistas para estudiar narrativas sobre posibles futuros sociotécnicos en el caso de los bioinsumos en la Argentina. Según sus promotores, los bioinsumos agrícolas, que incluyen diferentes sustancias para controlar las especies invasivas y regular los procesos fisiológicos de los cultivos, pueden mejorar el rendimiento y la calidad de las cosechas, además de reducir el uso de productos agroquímicos y contribuir a la conservación del suelo (Plan de acción del Ministerio de Agricultura, ganadería y pesca de Argentina). En ese sentido, la potencialidad que ofrece este tipo de innovación tecnológica está tomada por actores muy diversos, poniendo bioinsumos a la intersección de distintos intereses políticos, sociales, académicos e industriales (Goulet y Hubert, 2020). El objetivo de nuestro proyecto de investigación, aún incipiente, es analizar, en el caso de los bioinsumos en Argentina, cómo las expectativas y proyecciones a futuro modelan y están modeladas por los procesos de innovación tecnológica. A esos fines se llevará adelante un abordaje que combinará la búsqueda y el análisis de fuentes y documentos de distinto origen (legales, institucionales, informativos, etc.) con diversas técnicas de orden cualitativo (entrevistas, observaciones participantes). En la presente ponencia, utilizaremos el modelo de análisis de las políticas públicas como narrativas, propuesto por Miedzinski (2018), para estudiar el plan de acción propuesto por el Ministerio de Agricultura, ganadería y pesca de Argentina en materia de bioinsumos.

Inundación, accidente industrial y contaminación son los tres fenómenos revelados el 2 y 3 de abril de 2013 en el barrio El Dique del partido bonaerense de Ensenada, en el área de influencia inmediata a la refinería de YPF. Allí, los habitantes se encuentran expuestos y vulnerables ante las inundaciones por lluvias y sudestadas –fenómeno meteorológico que afecta la ribera del Río de la Plata–, en una zona sensible, pues las napas freáticas están a pocos centímetros de la superficie. Al mismo tiempo, existe un reconocimiento del riesgo que implica vivir en una zona industrial. En este artículo exploramos, desde la antropología del riesgo y los desastres, la percepción del riesgo de la comunidad de El Dique a partir del 3 de abril de 2013 y el proceso de cambio en la gestión del riesgo de desastres industriales desde ese momento. Entendiendo que los desastres pueden funcionar tanto como reveladores de relaciones sociales, como generadores de cambio en ellas, aquí analizamos los vínculos sociales involucrados allí, incluyendo la perspectiva de género. En el trabajo de campo realizado, hemos constatado una profundización en la percepción del riesgo a partir del incendio. El incidente dio lugar a confusiones y dudas en torno a las causas, así como de su manejo y gestión. No obstante, se revela cierta confianza hacia YPF indicando una buena relación cotidiana y la provisión de empleo para muchos hombres de los barrios del entorno. En cuanto a la respuesta ante el evento, quienes vivían allí se organizaron para evacuar con el destacamento de bomberos voluntarios. Pocas mujeres con sus niños y niñas aceptaron ser evacuados en el Centro Integrador Comunitario del barrio. La mayoría de las personas adultas quedaron en sus casas para cuidarlas ante posibles robos. Al tiempo que sucedía esto, en las zonas más alejadas del destacamento, pero también, las más cercanas a la refinería, se fue corriendo la voz sobre la necesidad de autoevacuarse. Entre los cambios en las relaciones sociales vigentes, identificamos la generación de estudios científicos en la Universidad Nacional de La Plata, así como diálogos entre las Municipalidades de Ensenada, Berisso y La Plata, Asociaciones de Bomberos Voluntarios y las empresas de la zona. Cinco años más tarde, estas instituciones crearon el Plan de Respuesta ante Emergencias con Impacto en la Comunidad (PREIC). Adentrándonos en el análisis de este plan, hemos observado mayor presencia de varones en los cargos de poder en las instituciones que conforman el PREIC. En él, no analizan indicadores de vulnerabilidad y tienden a bajar la información para la protección de la población. En conjunto con los vecinos entrevistados, las acciones realizadas parecen buscar atender la contingencia. Si bien su labor es de ayuda, resulta interesante traer las discusiones de los feminismos en torno a las tareas de cuidado como garantizadoras de dignidad, en oposición a las de seguridad que buscan fundamentalmente asegurar la integridad física. En contraposición a estas últimas, vemos la labor de las trabajadoras del programa Envión de inclusión de jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Bajo las premisas de una investigación-acción participativa (Fals Borda, 2015), en aras de afirmar nuestra trayectoria (in)disciplinar, nos sumergimos lentamente en una investigación enfocada en el megaproyecto hidrocarburífero “Vaca Muerta”. Nuestro campo de estudio corresponde a la localidad de Añelo, ciudad cabecera del proyecto, ubicada en la provincia de Neuquén, al suroeste de Argentina. Entre los años 2018 y 2021 integramos el proyecto UBACyT “Antropología del Riesgo y el Cambio Global. Controversias Ambientales”, en el marco del cual nos centramos en las implicancias socioambientales de la actividad hidrocarburífera en las áreas rural y urbana de la localidad (Murgida 2021; Ramirez & Schoffrin 2021; Weissel 2021). Al enfocarnos en las amenazas generadas por la expansión de la industria, se ponen de relieve las situaciones de riesgo y vulnerabilidad que las poblaciones locales atraviesan. No nos engañemos, los inciertos derrames, fugas como los nubarrones de quema de residuos petrolíferos ya ocurridos, plantean al desastre como inminente y, mientras tanto, los gobiernos apuntan a intensificar, apoyados bajo el lema de soberanía energética y necesidad de reservas, la producción y exportación. En los territorios, la vulnerabilidad a la que se ven expuestas las comunidades rurales se vuelve una forma de acceder a la realidad sociomaterial que la digitalidad muchas veces esconde y, con ello, el trabajo mancomunado es convertido en una trinchera de resistencia posible. En la siguiente ponencia, como vía de acceder a la constitución de una zona de riesgo de contaminación (del aire, agua, tierra y vida biológica-humana), nos proponemos exponer un relevamiento inicial de las principales empresas que encabezan las concesiones de extracción y explotación de hidrocarburos en la zona. Mapear, describir y analizar a las compañías y corporaciones, principales actores de la industria de la energía fósil, significa desnudar la frente del leviathan que se asoma invisible debajo de los impactos socioambientales visibles. En este sentido, discutimos el término Capitaloceno entendiendo que el capitalismo global es considerado un factor definitorio en las relaciones entre humanos y el ambiente. (Gillardenghi, 2022). De esta forma, los impactos antrópicos -industriales y territoriales- se caracterizan por la acumulación tanto del capital financiero y del trabajo asalariado como de la explotación de los ambientes “naturales”. Comprendemos que realizar una etnografía del Capitaloceno, involucra sumergirnos en territorios y comunidades para que, en conjunto, podamos construir un horizonte donde nuestra huella ecológica no extinga los ambientes habitables para todas las humanidades (Danowsky & Viveiros de Castro, 2016).

En 1996, la Secretaría de Agricultura autorizó la propagación de la soja transgénica RR, dando origen a importantes transformaciones que viabilizaron la expansión de los cultivos transgénicos y el sistema agroalimentario en su conjunto. En este contexto, el modelo de política tecnológica implementado se dirigió a generar las condiciones necesarias para que el mercado actúe libremente orientando la demanda de los agentes económicos. Esta apertura comercial sujetó los precios agrarios a los vaivenes del mercado internacional y fomentó la inserción de empresas extranjeras en la totalidad de los eslabones de la cadena alimentaria. Como consecuencia de la disminución de subsidios estatales para la educación y la ciencia, durante éste período se avanzó en la firma de acuerdos y convenios entre las universidades públicas y las grandes empresas, contribuyendo a la depredación de lo público por el sistema privado y favoreciendo el extractivismo de conocimiento hacia países centrales. Asimismo, varias facultades de ciencias agrarias realizaron cambios curriculares para adaptar sus estructuras académicas y sus planes de estudio a las nuevas realidades del sector agropecuario. Dentro de la Universidad de Buenos Aires, en el año 1999, FAUBA creó el Programa en Agronegocios y Alimentos, promoviendo la articulación entre el ámbito público, el sector privado y la universidad a través de acuerdos y convenios de cooperación académica. Esta relación entre producción y uso de conocimientos ha sido abordada por diversos enfoques, pero, en general no se han indagado las tensiones producidas a partir de la utilización, con fines de lucro, de conocimientos producidos sin ánimos mercantiles. Esta ponencia busca presentar el diseño de este proyecto de investigación, indagando sobre los procesos de apropiación de conocimiento y vinculación entre estado, ciencias y empresas, así como las consecuencias socio-ambientales, económicas y políticas del período.

La literatura reciente indica que ciertas actividades turísticas impactan en el territorio de la misma manera que industrias tradicionalmente extractivas. En el plano teórico encontramos diversos aportes europeos como latinoamericanos que permiten comprender cómo los negocios inmobiliarios para el turismo actúan generando grandes transformaciones espaciales y sociales de gran envergadura (Trivi y Favaro, 2019) en detrimento de la población local y el medioambiente (Hidalgo, et al, 2017). En Argentina, varios trabajos tratan estas temáticas tanto en áreas rurales (Torres et al, 2018), como en zonas periurbanas (Enriz, 2020) y también en ciudades que presentan marcados procesos mercantilización urbana y turistificación (Roitman, et al. 2019). A la hora de analizar el sector turístico como actividad neo-extractivista no podemos limitarnos a hablar de contextos geográficos, sino que podemos estudiarlo en términos modelos de gestión. En las últimas décadas proliferaron aquellas experiencias “alternativas” al modelo comercial clásico, tal es el caso del Turismo Comunitario (TC). Si bien existen diferentes definiciones, y varios autores expresan que no existe una única manera de realizar TC, muchos coinciden en que su característica principal radica en que en este tipo de proyectos las comunidades son quienes gestionan y organizan la actividad turística, buscando la distribución equitativa de sus beneficios, y respetando sus propios valores (Cañada, 2015; Cabanilla, 2016). Ahora bien, diferentes actores externos -tales como organismos internacionales, agencias gubernamentales locales y ONGs-, han financiado e impulsado la creación de este tipo de iniciativas bajo el fundamento de que estas podrían contribuir al desarrollo sostenible de sus territorios. En torno a estas ideas, este trabajo se propone poner en discusión al turismo como modelo extractivista y como modelo de gestión comunitaria a partir de dos casos específicos: la Asociación Civil Mbya en Turismo –que nuclea proyectos de turismo indígena en la provincia de Misiones- y el caso de la cooperativa Ajayu Turismo Comunitario -formada por vecinos pertenecientes al Barrio Mugica, ex Villa 31-. El presente escrito se desprende de la investigación doctoral en curso que compara diversas iniciativas de turismo comunitario en varios puntos del país. La metodología presenta un enfoque cualitativo desde una perspectiva etnográfica, que incluye la observación participante, la realización de los tours analizados y entrevistas en profundidad. La zona de Puerto Iguazú representa un claro ejemplo del accionar del sector turístico de manera extractiva, donde las comunidades indígenas se vieron excluidas de sus beneficios (Enriz, 2020). Paralelamente surgen propuestas de carácter comunitario en contraposición a dicho modelo. En cuanto a la ciudad de Buenos Aires, en los últimos años se observa un marcado proceso de extractivismo urbano, al mismo tiempo que el propio gobierno local promueve la creación de experiencias comunitarias en el marco de procesos más amplios de reurbanización de barrios populares. Como hipótesis preliminar se sostiene que la gestión comunitaria de la actividad turística se posiciona como una respuesta posible ante la mirada puramente extractiva del turismo en términos de industria. Dichos resultados varían según el grado de apropiación de las comunidades locales sobre las prácticas turísticas en sus territorios.

En la presente ponencia nos proponemos realizar una reconstrucción del conflicto en torno al uso de agrotóxicos y la construcción de una nueva ordenanza municipal al respecto, en el partido de San Andrés de Giles, partido que se encuentra a 103 km de la CABA. Posee una población estimada de 25.981 habitantes al 2021, cuenta con una superficie de 1.135km2, su densidad es de 22,89 hab/km2. Su dinámica poblacional ha ido en aumento, en términos absolutos se presenta un crecimiento de 7.679 personas entre 1991 y el estimado a 2021. La principal vía de acceso desde Capital Federal es la RN N°7 “Carretera Libertador General San Martín”, que forma parte del corredor bioceánico más importante del país junto al ramal de la carretera panamericana, ya que une las provincias de Buenos Aires, Santa Fé, Córdoba, San Luis y Mendoza. El 4 de noviembre de 2016 la Escuela Primaria Rural N° 21 “Joaquín V. González” se vio vulnerada a la fumigación de un campo lindero. Este suceso desencadenó un proceso de denuncia y organización por parte del colectivo ambiental local, a fin de visibilizar y problematizar las consecuencias del modelo de agronegocios en el partido, sobre la salud y el ambiente. El colectivo “Ambiente Saludable”, junto a vecinos y vecinas demandaban la modificación en la ordenanza N° 1761/14 vigente, que permitía la aplicación terrestre con productos banda verde a tan solo 200 metros de las escuelas rurales, y no presentaba disposiciones respecto de las viviendas rurales. Se establece así un silencio regulatorio que beneficiaba al sector agroindustrial (Molpeceres, 2022). Para construir el proyecto de ordenanza se realizó una audiencia pública. Este proceso es considerado un momento histórico porque fue la primera en el partido, que se llevó a cabo el 7 de abril de 2017. En el debate generado en la audiencia pública pudo visualizarse la lucha de intereses entre una fracción de la sociedad civil local, que peticionaba ante el Estado por el cumplimiento del art. 41 de la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente, y el derecho a la salud de la población; y por otro lado, desde el ejecutivo y la Sociedad Rural, quienes convocaron a productores y especialistas del INTA, que sostenían la inocuidad de los agroquímicos y al agronegocio como único modelo posible de desarrollo para el país. En este contexto se presentaron distintos proyectos de modificación de la ordenanza en relación con el “uso de agroquímicos”, y en la aplicación de la política pública propuesta pueden observarse las dinámicas de las relaciones (históricas) de poder en el plano local, mediadas por los agentes del Estado. A su vez, tras la audiencia pública, y en el proceso de discusión de la ordenanza vigente, se llevó a cabo en la localidad el 8° Encuentro de Pueblos Fumigados de la provincia de Buenos Aires y 1° Encuentro de Agroecología, hechos que “pusieron en agenda” las problemáticas asociadas al modelo productivo en la región, “desde abajo”, desde la movilización social.