Existe un interés mundial de los gobiernos que tienen a su cargo fuerzas de seguridad en construir sistemas de control que sean eficientes. El motivo de ello deriva de la gran cantidad de poderes y facultades que tienen estas fuerzas y la capacidad de producir un impacto (negativo o positivo) en los derechos de la ciudadanía. La impunidad de las faltas más graves cometidas por estas termina impactando negativamente en la confianza de la ciudadanía en las fuerzas de seguridad y en sus gobiernos (Dammert, 2014). A partir de la pandemia por Covid-19 y las medidas de aislamiento social dispuestas a nivel nacional, se profundizaron en todo el país y particularmente en la provincia de Córdoba, las denuncias por hechos de violencia institucional en manos de las fuerzas de seguridad. Tres casos resonantes con resultado letal ocuparon gran parte de la agenda mediática durante el año 2020. La respuesta del Estado fue por un lado, la sanción del protocolo de uso racional de la Fuerza aplicable a la Policía de Córdoba. Por el otro, la sanción de la ley 10.731 que establece un nuevo sistema de control disciplinario para las tres fuerzas de seguridad y que reemplaza el sistema del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario. En la presente ponencia haremos un análisis sobre los principales puntos de la nueva ley de control disciplinario de las Fuerzas de Seguridad y su relación con el Protocolo de Uso Racional de la Fuerza. A su vez planteamos algunos desafíos de la política de seguridad para intentar reducir la violencia institucional a través del control disciplinario de las Fuerzas de Seguridad.