La entrada en vigor de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR) ha sido criticada desde los círculos académicos y por organizaciones de la sociedad civil interesadas en la temática, ya que aunque la Constitución garantiza el acceso a la información y el derecho a la comunicación, pero quienes sólo han sido beneficiados son los grandes medios de radiodifusión y telecomunicaciones comerciales. La radiodifusión pública, comunitaria e indígena ha sido relegada al establecerse en la ley criterios ambiguos para el otorgamiento de concesiones. Lo anterior ha propiciado que, incluso desde antes de la reforma a la legislación de medios, las comunidades que carecían de servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, debido a la baja rentabilidad que obtendrían las empresas comerciales si operasen en esos lugares, se han organizado y han montado sus propios sistemas de radio e incluso televisión y telecomunicaciones, cuya lógica comunitaria no sólo ha permitido el acceso al servicio a bajos costos, sino que ha logrado el empoderamiento de la comunidad al permitirles gestionar y operar sus propios medios de comunicación. Hoy en día el reto de estas comunidades es transitar hacia las redes comunitarias. Si bien las experiencias previas han servido para la organización y autogestión, los costos de la tecnología (hardware y software) para la instalación de redes comunitarias es el próximo obstáculo a vencer, aunque a la fecha hay comunidades en los Estados mexicanos de Chiapas y en Yucatán que ya han empezado a probar estas redes comunitarias. Esta ponencia tiene el objetivo de describir analizar los procesos de organización comunitaria para la gestión de los permisos gubernamentales correspondientes, de los dispositivos tecnológicos y de la operación de los mismos, así como del impacto en la propia comunidad y las aledañas en un contexto donde la radiodifusión y telecomunicación comercial pretende abarcar todas las zonas sin permitir competencia alguna.