Para los analistas de las instituciones, la cárcel fue y será un analizador interesante de aquello que la sociedad produce y rechaza por no tener respuestas; capturando aislando marginando o expulsando a ciertos sujetos o poblaciones de la sociedad. (Lourau, 1975; Combessie, L’huilier y Amado, 2005). Repensar esta afirmación en el contexto socio-político y cultural neoliberal actual, nos remite a considerar, por una parte, “las políticas de encarcelamiento como indicador incompleto para medir los niveles de punitividad, entendida en términos amplios como los niveles de dolor o sufrimiento producidos por el sistema penal” (Sozzo, 2011, 43-46; 2013, 216-219) y, por otra, la interferencia que producen los procesos de ciudadanía[1] que involucra al Estado en el cumplimiento de los Derechos llamados de segunda generación DESC (Ciriza, 2015; Abramovich, 2008, Pautassi, 2012 ). Un proceso controversial y complejo que transforma el ejercicio del poder y tiende a modificar la relación Estado / Sociedad civil. En esta presentación compartimos la construcción, de más de diez años de investigaciones e intervenciones en el campo de análisis de las determinaciones institucionales transversales que actúan produciendo críticas, movimientos, cristalizaciones y un desbordamiento del espacio-tiempo de la institución cárcel, configurando lo que nombramos espacio carcelar. Una trama material, simbólica e imaginaria que actúan dentro/fuera y afecta el acceso y ejercicio de derecho no solo a quienes ha sido capturado por el sistema punitivo sino a sus redes de influencia. Esta herramienta conceptual, producto de disciplinas múltiples y de prácticas diversas e implicaciones institucionales, epistemológicas y prácticas, abre visibilidad a la transformación de los dispositivos de control punitivo en el contexto actual. La metodología desde una epistemología de la acción (Rheaume, 2010) considera el análisis de los planos jurídico-filosófico y psicosocial de las prácticas institucionales detectando las barreras visibles en la organización de la institución y barreras invisibles en las subjetividades (Informes 2010-2012-2014). Las narrativas de estudiantes en semilibertad; de internos que organizan cooperativas de trabajo; de familiares y amigos de sujetos privados de libertad, de liberados en patronato; de las comunidades y de profesionales de educación salud y trabajo (2015, 2016) ponen de relieve la politicidad del sufrimiento (Perilleux, 2009) como traducción de la injusticia que involucra a diferentes dimensiones de la vida social de los sujetos e incide directamente en el lugar que les es asignado y ocupan en la estructura social. Palabras claves: espacio carcelar, interferencias institucionales, derechos. [1] EN noviembre de 1999, entró en vigencia el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante referido como “Protocolo de San Salvador”(PSS) o “el Protocolo”.