El desafío por lograr ciudades diversas y equitativas, está íntimamente ligado al establecimiento de nuevos mecanismos institucionales de participación que logren la inclusión efectiva de las personas en el desarrollo de sus ciudades. En Chile, en los últimos años, la acción de las organizaciones de la sociedad civil en el desarrollo urbano (en particular de fundaciones y organizaciones no gubernamentales) se ha potenciado significativamente y se ha distinguido por traducirse más en acciones concretas en el territorio que en demandas o movimientos sociales reivindicativos de derechos. Ya sea en la modalidad de cooperación pública-privada o a través de acciones independientes, la ciudadanía organizada se ha transformado en un actor relevante en el desarrollo urbano compartiendo esta tarea con el Estado y estableciendo con este último interacciones no exentas de conflicto y, al mismo tiempo, con inmensas potencialidades de colaboración. Se argumenta que el énfasis que un grupo de organizaciones civiles ha puesto en la proactividad versus las demandas al Estado, ha transformado la relación que establecen con los actores públicos e interpela las formas de hacer políticas urbanas. Asimismo, su acción ha contribuido a que en el diseño de las políticas urbanas se estén buscando nuevas herramientas para lograr mejores procesos de participación. Por una parte, la práctica centralizadora de la planificación urbana estatal está siendo cuestionada por tácticas espaciales que relevan la experiencia cotidiana, necesidades y características específicas de barrios y áreas urbanas. Por otra parte, se entiende que el rol subsidiario del Estado sigue siendo necesario para enfrentar los déficits de urbanización de grandes ciudades que crecen aceleradamente y las grandes desigualdades sociales asociadas a un desarrollo urbano en el marco de un sistema económico neoliberal, pero cada vez más se asume por parte de los organismos públicos que la participación ciudadana es clave para que las políticas a gran escala tengan éxito. Adicionalmente, la mayor participación de organizaciones sociales en el desarrollo urbano implica la participación tácita del sector privado que muchas veces apoya su labor. Las relaciones de mayor o menor autonomía que se establecen entre las organizaciones y sus colaboradores privados, y de ellas con el Estado merecen atención y demandan mecanismos de regulación. A partir del estudio de casos del trabajo de diez organizaciones de la sociedad civil que actúan en distintos ámbitos del desarrollo urbano, se presentan y analizan diversas controversias en el marco de acuerdos para un posible trabajo conjunto entre el Estado y la sociedad civil organizada. A partir de su análisis se proponen algunos elementos metodológicos para integrar en una visión híbrida, que incluya la diversidad de actores públicos y de la sociedad civil, distintas escalas y aspectos fundamentales para entender la experiencia urbana y actuar en el territorio.