En la CABA hay una Ley que regula el funcionamiento del sistema de videovigilancia estableciendo garantías de control y prohibiciones a la cesión de imágenes. La Ley 2602 dice con claridad que \""se prohíbe la cesión o copia de las imágenes salvo en los supuestos previstos en la presente ley\"", que es la sesión a autoridades judiciales. Sin embargo, la Policía Metropolitana se niega a inscribir su base de datos en la Defensoría del Pueblo como obliga la Ley de Protección de Datos Personales y las imágenes confidenciales llegan a los canales de TV, en especial en los períodos electorales, por una excepción creada por un organismo dependiente del gobierno. Este trabajo pretende analizar como el CCTV del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se constituye en un factor de peso para la institucionalización de la policía nueva a la hora de ganar conocimiento y legitimidad en la población, así como también capacidad de despliegue y negociación político-territorial con otras fuerzas.