La figura de la penalización de la tenencia de drogas para consumo personal se encuentra en el centro del debate sobre la necesidad de reformar la Ley de Estupefacientes 23.737, debate que pone en evidencia tensiones y contradicciones al interior del propio aparato del Estado y en la opinión pública sobre cómo enfrentar los fenómenos ligados a las drogas en el país . Diversos estudios sugieren que los argumentos que dieron sustento a esta legislación no se han verificado tras más de veinte años de su aplicación. Para muchos actores sociales, la tensión se centra en una reformulación de las políticas que garantice el derecho a la salud de los usuarios de drogas como cuestión indisociable del respeto por los derechos humanos. La definición del problema como delito-enfermedad es sostenida aún por diversos actores gubernamentales y no gubernamentales, lo que se traduce en la dificultad para lograr cambios sustantivos en la formulación de políticas públicas, por lo que avanzar en una reforma legislativa aparece como un paso necesario que promueva el pasaje de discursos innovadores y respetuosos de los derechos y garantías hacia prácticas efectivas de intervención.