Desde el inicio mismo del sistema educativo en nuestro país, la desigualdad y la meritocracia marcaron el acceso al nivel secundario. El carácter elitista de este nivel del sistema educativo estaba estrechamente vinculado a sus propósitos el de formar hijos e hijas de la burguesía. La inclusión genera un mandato ético que nos obliga a trabajar en simultáneo los desafíos y complejidad que genera el acceso a la escuela secundaria, la permanencia y egreso con aprendizajes significativos. Se trata de interpelar las prácticas y sentidos instalados que generan estigmatización, que etiquetan a los estudiantes y que terminan en la vulneración de su derecho a la educación. El principio de continuidad pedagógica se vincula necesariamente con el de inclusión, garantizando trayectorias escolares continuas y completas, trabajando sobre estrategias de enseñanza para generar distintos dispositivos o propuestas que tiendan a garantizar la justicia curricular. Desde la perspectiva de este principio, todas las prácticas son interpeladas respecto de quiénes quedan dentro o fuera del sistema como consecuencia de nuestras acciones o por las condiciones en que éstas se llevan a cabo. El derecho a la educación de los estudiantes se garantiza por medio de su inclusión en el sistema educativo, pero también de la continuidad del vínculo pedagógico que debe garantizarse con decisiones institucionales de enseñanza.