La regulación y control del sector de las comunicaciones en Argentina adoptó una compleja estructura normativa e institucional que, sin embargo, se ha mostrado ineficaz para hacer cumplir las disposiciones relativas a desconcentración y mitigar la voracidad empresarial. Con leyes específicas para el sector y otras de carácter general para la actividad económica, los organismos de control carecen de instancias de articulación y coordinación. En el actual escenario político, el gobierno del PRO declama la convergencia de los mercados de la radiodifusión y de las TICS, mientras ha cooptado el ENACOM y su integración se ha reducido a actores políticos y representantes de las empresas comerciales. Los debates contemporáneos sobre políticas de comunicación advierten que los marcos normativos y las políticas de comunicación, aunque tengan improntas democratizadoras y antimonopólicas, requieren organismos de control independientes de los intereses económicos y políticos, además de una definición clara acerca del alcance de sus competencias. El objetivo de este trabajo es analizar la situación argentina en materia de autoridad regulatoria en el sector de la radiodifusión, considerando las disposiciones de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en su texto original y las que surgieron tras las modificaciones introducidas por el Decreto 267/15. Para ello, se tomarán como referencias las recomendaciones contenidas en documentos que, sobre libertad de expresión, han elaborado organismos internacionales de derechos humanos. Resulta indispensable revisar el marco normativo tal como fue sancionado en su versión original (Ley 26522) y tras los cambios introducidos por el gobierno de Mauricio Macri a poco de iniciado su mandato. Además, se analizan otras instancias institucionalizadas con atribuciones de control y regulación en la materia. De 1980 a este momento, la radiodifusión argentina tuvo tres organismos de aplicación en materia de comunicación audiovisual: el COMFER (producto del decreto-ley 22285 de la dictadura de Videla); el AFSCA (creado por la ley 26522 sancionada por el congreso durante el gobierno kirchnerista; y el ENACOM (instaurado por decreto del presidente Macri apenas iniciado su mandato, modificando la ley vigente de servicios de comunicación audiovisual). En el primer caso, la integración del ente de contralor estaba circunscripto a representantes de las fuerzas armadas, y ya en democracia sus miembros fueron representantes civiles de los poderes ejecutivo y legislativo. No obstante, en estos últimos casos, la diversidad y pluralidad de su integración resulta bien distinta. “Todas las autoridades públicas con autoridad regulatoria formal sobre los medios de comunicación deben ser protegidas frente a cualquier injerencia, en especial la de naturaleza política o económica, a través de procesos de designación de sus miembros que sean transparentes, que permitan la participación ciudadana y que no se encuentren controlados por ningún partido político”, afirma la Declaración Conjunta de 2003 de los entonces tres representantes especiales internacionales sobre la libertad de expresión. Tales recomendaciones fueron ignoradas por el gobierno argentino en 2015