La investigación que se presenta se propone abordar la experiencia del Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentino (Bacua) desde su formación en el año 2011 hasta su declive, en 2017. El Bacua consistió en una política de comunicación impulsada desde el Poder Ejecutivo Nacional de Argentina a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios para el desarrollo de un banco público de contenidos audiovisuales en el contexto de la implementación del sistema de Televisión Digital Terrestre. El abordaje propuesto supone un análisis de los objetivos de su formación, plasmados en el Decreto 835/2011, y la vinculación de éstos con el concepto de derecho a la comunicación como aquel derecho humano que debe ser garantizado por los Estados y que brinda la potestad a sus ciudadanos de ir más allá de la ausencia de penas, sino más bien hacia la afirmación de garantías. El período abordado por este trabajo se enmarca en un momento histórico signado por las presidencias de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011; 2011-2015). Durante estos tres gobiernos se llevó adelante un fuerte desarrollo de políticas de comunicación, sobre todo en el campo audiovisual. La pregunta que alumbra a esta investigación es sobre la relación entre la política analizada y el derecho a la comunicación: ¿cumplió el Bacua sus objetivos y ayudó a fortalecer el derecho a la comunicación en Argentina en el período comprendido entre 2011 y 2017? Para eso fue necesario rastrear la conceptualización teórica desarrollada sobre el concepto de derecho a la comunicación desde la concepción de los derechos humanos, la economía de la comunicación y el análisis de ciudadanía y políticas públicas. El derecho a la comunicación es en este sentido un punto de partida. Desde esta concepción que define a la comunicación como un derecho humano es desde el cual se inició el proceso de investigación. La noción de ciudadanía fue particularmente pertinente en las conclusiones generadas desde este abordaje. El momento histórico abordado en este trabajo se caracterizó por una creencia en el poder de las políticas de comunicación como forma de cambiar las reglas de un campo históricamente concentrado y oligopólico. El debate nacional sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) sancionada en 2009 fue, en este sentido, la demostración de una creencia en la letra de la ley como vehículo para cambiar los escenarios mediáticos que no se vio en otros momentos históricos. En este sentido, el relevamiento de leyes, decretos, resoluciones y normativas sobre el objeto analizado se volvió nodal porque vincula al Bacua con el conjunto de creencias y herramientas legitimadas del accionar político de esta época. El trabajo arqueológico que significó rastrear las huellas normativas de la política analizada permitió observar uno de sus puntos débiles: la absoluta vulnerabilidad de una política sostenida desde el hacer pero sin vinculación con la norma. Esta vulnerabilidad se hizo más cabal en el contexto analizado que, como ya veremos, asumió a la legislación como una forma de lucha por el poder.