A fines del año 2017, la cámara de senadores de la Nación Argentina dio media sanción al proyecto de Ley sobre “Responsabilidades de los proveedores de servicios de Internet”, también conocida como “Ley Pinedo”, por el nombre de uno de sus autores, el senador nacional Federico Pinedo (PRO – Cambiemos). Como sostiene su título, el proyecto intenta establecer criterios regulatorios para los proveedores de servicios de internet, con el objeto de “regular la responsabilidad” de éstos sobre los contenidos que circulan a través los sitios que brindan sus servicios (proveedores de enlace y búsqueda, de comercio electrónico, de publicación y alojamiento de contenidos, de almacenamiento automático, entre otros). Previa a la discusión en diputados, las voces disidentes no se hicieron esperar. Las cámaras representantes de los escritores, editores, músicos y artistas, criticaron a la normativa por “liberar de responsabilidad” a las plataformas respecto a la violación de los derechos de autor y propiedad intelectual. A contramano de lo que ocurre en Europa, y en otros países del mundo, donde la tendencia es a reforzar las protecciones sobre los derechos de autor y las industrias creativas en el ámbito digital, la “ley Pinedo” se orientaría en clara dirección contraria, por un lado, judicializando la decisión final sobre la legalidad de los contenidos online, y por el otro, quitando a los intermediarios responsabilidades sobre la circulación de determinados contenidos en la web. Desde un abordaje que contemple la relación entre Estado, poder y medios de comunicación, este trabajo se propone: indagar sobre los fundamentos teóricos vinculados a la libertad de expresión y al derecho a la comunicación que subyacen a los distintos posicionamientos políticos e ideológicos de los actores intervinientes en la discusión del proyecto. Si bien el proyecto ha perdido estado parlamentario en 2018, la discusión sobre el rol del Estado, los intermediarios digitales, las empresas productoras de contenidos y la ciudadanía, sigue teniendo más vigencia que nunca. Por lo que el debate sobre la regulación de asuntos tan sensibles como la propiedad intelectual, el derecho a la libre expresión y el acceso a los bienes culturales, consideramos, debería articular las discusiones actuales sobre el interés público en torno a la utilización de internet y las plataformas digitales. Ya que en última instancia, y como sostiene Claudio Ruiz, lo que se encuentra actualmente en disputa es: “¿de qué manera nos imaginamos, pensamos y gobernamos espacios que son privados pero que inciden en cuestiones públicas?”