Socialmente se observa una atribución predeterminada de género respecto a las profesiones, se considera que hay trabajos más aptos para las mujeres y otras labores más adecuadas para los hombres. Muchas de las carreras universitarias del campo de la salud, son elegidas y estudiadas por mujeres. Como parte de un estudio Regional de Universidades de Argentina, Brasil, Perú y Colombia, que evalúa las vulnerabilidades sociales y el nivel de seguridad alimentaria (NSA) en estudiantes universitarios, se presentan algunos resultados del proyecto, de la Universidad Nacional de Lanús. Se aplicó una encuesta digital, autoadministrada, en una muestra por participación voluntaria de 270 estudiantes de las carreras de grado -consideradas feminizadas-, que se dictan en el Departamento de Salud Comunitaria, que relevó datos sobre el NSA (metodología FIES-FAO), condiciones laborales, vivienda y grupo conviviente, y aspectos de salud. El 54% de los y las estudiantes que respondieron la encuesta pertenece a Nutrición, el 34% a Enfermería y el 12% a Trabajo Social. El 91% de la muestra se auto-percibe de género femenino. Cuando se compara por género, los varones presentan mejores condiciones laborales (mayor proporción de trabajo en blanco), y de seguridad alimentaria (39% vs. 32%), mientras que las mujeres muestran mayor prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles (18% vs. 13%), anemia (22% vs. 9%) e inseguridad alimentaria. Por otro lado, un 47% de las estudiantes mujeres tienen hijos, en comparación con el 17% de los varones. Es relevante la lectura de los datos desde una perspectiva de género, dado que en Argentina la desigualdad de género presenta un carácter estructural, donde existen brechas salariales, de tiempo y cuidados, siendo las mujeres las que dedican más tiempo al trabajo no remunerado. En cuanto a los resultados obtenidos con relación al NSA, es relevante señalar que en Argentina la prevalencia de inseguridad alimentaria grave durante el período 2017-2019 fue de 13.4% para mujeres y 8.9% para hombres. Al interior del género femenino, se observa que las estudiantes que presentan inseguridad alimentaria requieren en mayor proporción asistencia de programas estatales (29% vs. 10%), son usuarias de becas universitarias (44% vs. 17%), y presentan menor nivel de trabajo asalariado (25% vs. 42%). En relación a sus condiciones de vivienda, 20% de ellas viven en viviendas prestadas, en comparación con el 87% de las que presentan seguridad alimentaria que tienen vivienda propia o alquilan. Es relevante señalar que las estudiantes con inseguridad alimentaria presentan mayor prevalencia de anemia (27% vs. 14%), exceso de peso (52% vs. 33%), y trastornos de salud mental (28% vs 23%). Resulta importante pensar estrategias e intervenciones desde el diseño de políticas, que no naturalicen lo femenino, sino que lo aborden como una dimensión del bienestar que debe garantizarse en un marco de equidad de género. Dicho esto, coincidimos con Nabergoi en cuanto “el mandato tradicional reaparece en forma de la profesionalización del cuidado que extiende las actitudes de protección, atribuidas como responsabilidad a las mujeres, del mundo doméstico privado al ámbito laboral público”.