En tiempos de COVID-19, las universidades «no pararon», reconvirtieron sus actividades misionales (docencia, investigación y extensión) a la virtualidad en tiempo récord. Sin embargo, no existió un plan de contingencia, el objetivo –cumplido con creses– fue dar continuidad a la actividad académica desde la no-presencialidad ante la convergencia de una crisis sanitaria masiva con una crisis económica y social sin precedentes. La falta de preparación debió suplirse por el sobreesfuerzo de toda la comunidad educativa (autoridades, docentes, no-docentes, estudiantes y familias). Sin embargo, apelar a recursos tecnológicos para asegurar la continuidad pedagógica no fue inocuo. No solo, quedaron expuestas las brechas digitales y pedagógicas entre los y las integrantes de toda la comunidad educativa sino que se aceleraron los procesos de acumulación y cristalización de desventajas en los sectores históricamente menos favorecidos, dejando en evidencia la estrecha relación entre la inclusión en perspectiva de derecho a la educación y el derecho a la vivienda digna, a los alimentos, a la salud y a la vida: la educación requiere, en todos sus niveles, como condición sine qua non que los derechos humanos básicos sean garantizados integralmente. A fin de paliar esta situación, el Estado y las instituciones universitarias optaron por arbitrar acciones de redistribución positiva (becas, entrega de dispositivos, actividades diferenciadas, etc.) con la finalidad de asegurar la continuidad de las trayectorias estudiantiles de los y las estudiantes en condiciones socioeconómicas más vulnerables. No obstante, estas medidas no solo atendieron de manera parcial las desigualdades tecnológicas y socioeducativas estructurales, sino que han tenido, en algunos casos, efectos contraproducentes ya que acceder a esta «ayuda» significó para los y las estudiantes exponer sus carencias y demostrar contar con méritos individuales suficientes para merecer este beneficio, dado que las necesidades fueron presentadas, no como un problema sociopolítico, sino como una carencia individual, poniendo a estos alumnos y a estas alumnas en una situación de riesgo educativo, de exposición personal y de exclusión social. Por tanto, algunas estrategias y políticas de inclusión que fueron implementada con buenas intenciones podrían haber devenido en una triste paradoja, favoreciendo la exclusión de quienes han pretendido contener. De hecho, preguntas como ¿qué significa la inclusión educativa en contextos de emergencia? o ¿cuál es el rol de la universidad en relación con el aseguramiento del derecho a la educación? siguen siendo ejes centrales de un debate que, la universidad y la sociedad aún no han resuelto. En este contexto, el presente trabajo tiene por finalidad examinar sucintamente algunas de las concepciones teóricas en disputa en torno a la inclusión en clave de derecho a la educación y poner en debate el hecho que las políticas, estrategias y dispositivos destinados a compensar carencias individuales preexistentes son solo una dimensión, limitada, de la obligación –del Estado ¿y las universidades?– de asegurar la inclusión universitaria, en tanto los sentidos y alcances que subyacen al derecho a la educación están enraizados en las luchas históricas por la igualdad, la justicia y, fundamentalmente, la hegemonía de los diferentes modelos de sociedad y Estado.