Este trabajo presenta el análisis de los resultados de investigación sobre los procesos de inclusión escolar en escuelas de sectores populares, uno de los ejes del proyecto: Desigualdades sociales, construcciones simbólicas e inclusión educativa en escuelas del Gran Mendoza, dirigido por la Dra. M. Tosoni de la Fac. de Educación de la UNCuyo. A partir de observaciones y entrevistas a diferentes agentes educativos, familias y PcD se indaga sobre la puesta en práctica (Miranda, 2011) de la normativa jurisdiccional que los organiza. Los resultados iniciales muestran los vacíos y contradicciones de las reglamentaciones, el desconocimiento que de ellas tienen algunos de los agentes involucrados, el aumento de la intervención de distintos profesionales cuya permanencia en la escuela es diversa y conflictiva. Por otra parte, los procesos de inclusión generan un mayor involucramiento de las madres y padres, pero, al mismo tiempo, dan lugar a la moralización de sus conductas por parte de directivos y docentes. Los niños con discapacidad experimentan situaciones de exclusión dentro de las mismas instituciones inclusivas y deben realizar un esfuerzo extra para permanecer en ellas, ya que tienen que asistir a distintos apoyos y terapias que los coloca en desventaja frente a sus compañeros. A partir de esta situación se plantea la necesidad de repensar los efectos que las políticas públicas referidas a la inclusión de PcD. A fin de comprender los modos subjetivación que esta política educativa suscita en los diferentes sujetos involucrados en estos procesos, específicamente en las escuelas de sectores populares. En este sentido, seguimos la propuesta de Alfredo Veiga-Neto y Maura Corcini Lópes centrada en reconocer el carácter histórico político de los procesos de inclusión/exclusión, y problematizar la inclusión escolar tematizando su carácter universal y neutral (Veiga- Neto & Corcini Lopes, 2013). Es decir, estimar la inclusión educativa como un dispositivo biopolítico dirigido a la población. Este dispositivo implica la introducción de relaciones de poder propias de la gubernamentalidad en la educación y a través de ella en toda la sociedad. En el análisis de los resultados, se advierte un imperativo político (Lockman, 2020) que conmina a los sujetos a ser económicamente activos y responsabilizarse de su futuro a fin de evitar riesgos. El cual se articula en un discurso centrado en derechos que atraviesa los textos de las reglamentaciones y las palabras de los distintos agentes educativos. Por otro lado, las prácticas que se promueven suponen el tránsito de la PcD por distintos espacios abiertos en los que desarrollan sus competencias y habilidades, dando lugar a una inclusión por circulación que da cuenta del modo particular de ejercicio del poder sobre las PcD en nuestra sociedad actual (Lockmann 2016