(Esta ponencia contiene algunas formulaciones que surgen de un proyecto de investigación en evaluación para Beca Doctoral CONICET bajo la dirección de la Dra. Marina Medán.) Las medidas alternativas a la privación de la libertad de jóvenes menores de 18 años, representan hoy el 80% de las medidas aplicadas. Estas medidas suponen intervenciones socio penales, e interdisciplinarias en los territorios de estos/as jóvenes. Además del acatamiento de la medida judicial, se espera la elaboración de estrategias de inclusión social, con la generación de un proyecto de vida autónomo y alejado del delito. Resulta interesante plantear la corresponsabilidad entre las diferentes áreas en la intervención, entendiendo que solo de esa manera será posible realizar un abordaje integral de esta problemática. De este modo, consideramos que existe una vacancia respecto de las voces de las juventudes que son atravesadas por este sistema, a la vez que se observan estrategias de intervención que resultan individualizantes para con esta población, recayendo, además, en el traspaso de las responsabilidades a las familias de los/as jóvenes judicializados/as, a la vez que las expectativas de estos dispositivos no se condicen con las realidades de dichas juventudes, como tampoco con la disponibilidad de políticas públicas existentes para acompañar el proceso judicial. De esta manera, es habitual que las estrategias de intervención estén vinculadas al acompañamiento en un tratamiento en salud mental para jóvenes afectados/as por el consumo problemático de sustancias, aunque dicha estrategia no contemple la falta de espacios destinados a este fin. Otra de las aristas presentes, tiene que ver con la escolarización. Así, se desde los dispositivos judiciales se espera el cumplimiento en la asistencia a la escuela formal, sin tener en cuenta la multiplicidad de factores que se juegan en dicho espacio, y que muchas veces culminan con la interrupción de la trayectoria escolar. Es de suma importancia incorporar las voces, experiencias, y sensaciones de los/as jóvenes que atraviesan el sistema penal juvenil, a los fines de diseñar, planificar y ejecutar políticas públicas acordes a su realidad, y que a la vez sea contemplada la necesidad de la articulación interagencial con el fin de generar estrategias de intervención integrales.