Conservar la fauna y la flora (en alguna categoría de riesgo) mediante su aprovechamiento sustentable, racional, ordenado y planificado, compatible con el medio ambiente y generando una diversificación socioeconómica en las zonas rurales del país, es el objetivo de las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA). Ésta es una respuesta de mitigación ante los impactos generados por la intensificación del uso de los recursos naturales. A 20 años de su ejecución, la respuesta no ha sido la esperada y los objetivos no han sido cumplidos. En los sitios con mayor biodiversidad en México, como en el sur, existen pocas UMA registradas, muchas han dejado de funcionar, otras no han podido consolidarse y los grupos interesados en formalizar su trabajo se encuentran excluidos de tal posibilidad. La situación social, política, biológica y económica en el sur del país (caso contrario en el norte donde existe el mayor número de UMA registradas y direccionadas a la cacería cinegética), representa una limitante para incorporarse a los marcos normativos. Este hecho coloca a las comunidades y ejidos de esta región del país a continuar con sus prácticas locales bajo un esquema de ilegalidad. El presente documento trata la cuestión de si la política pública de las UMA, el marco normativo y los procedimientos que las regulan son adecuados a las condiciones socioambientales del país, sobre todo a las zonas rurales. ¿Su objetivo es realmente la conservación de la biodiversidad o apegarse a las reglas para hacer uso de los recursos naturales en el margen de los estatutos impuestos por el gobierno? ¿Cómo realmente contribuyen a la conservación de la biodiversidad? Para eso tomamos como estudios de caso dos ejidos que aprovechan o desean aprovechar especies de palma camedor (Chamaedorea ernesti-augusti) en la región de Las Cañadas de la Selva Lacandona, Chiapas.