El artículo analiza el fallo Gómez de la Corte Suprema de Argentina, que revocó una sentencia provincial por arbitrariedad al considerar que carecía de fundamentación suficiente. Se destaca que la doctrina de la arbitrariedad, respaldada por estándares internacionales (como el art. 8.1 de la CADH), exige motivación robusta y contextualizada, especialmente en casos donde factores como género, clase y vulnerabilidad son relevantes. Concluye que ignorar estas perspectivas no sólo viola el debido proceso, sino que perpetúa desigualdades estructurales en el sistema penal.