En 2020 se cumplen 40 años desde la publicación del Informe McBride, estudio propiciado por la UNESCO que propugnaba el establecimiento de un Nuevo Orden Mundial para la Información y la Comunicación (NOMIC). El aniversario actualiza la deuda comunicacional del nuevo siglo, en tanto la brecha informativa no solo no se redujo, sino que se profundizó con la brecha digital. El debate por el NOMIC visibilizó en la opinión pública mundial cómo la selección, tratamiento y transmisión de la información se desarrollan en un escenario comunicacional inequitativo. Esto quedó demostrado con la preeminencia de las agencias de noticias y los grandes medios de los países occidentales, que con su dominio de la escena mediática provocaban la dependencia de las demás naciones, ampliando la brecha tecnológica entre países industrializados y países en desarrollo. En un trabajo anterior (Rodríguez, 2010) nos preguntamos por el significado del NOMIC durante la primera década del presente siglo. Ahora, esta indagación se orienta hacia el análisis de la comunicación política como forma de intercambios y disputas discursivas en el espacio público, donde los procesos de producción y distribución de información adquieren nuevas dinámicas y significados en el marco de la era digital, caracterizado especialmente en el contexto de la pandemia Covid-19 por la denominada “infodemia”, es decir, la circulación de noticias falsas, imprecisas o tendenciosas en el espacio público (UNESCO, 2020). Este complejo escenario otorga relevancia a la necesidad de conocer en profundidad los procesos de producción, circulación y consumo de la información en la era digital. Desde comienzos del siglo XXI, en el Instituto de Ciencias Sociales de la UNVM, se han desarrollado proyectos de investigación orientados al estudio de la opinión pública y la dinámica política en ámbitos locales, regionales, provinciales, nacionales e internacionales (Rodríguez, Achilli y Barrera Calderón, 2017). El trabajo de campo y la discusión teórica se han acompañado a partir de la interrelación docente y la participación de estudiantes desde los espacios curriculares de las carreras de grado Licenciatura en Ciencia Política (Opinión Pública y Estudios Electorales; Comunicación Políticas y Campañas Electorales), en Ciencias de la Comunicación (Investigación de Mercado y Opinión Pública) y en Comunicación Social (Opinión Pública y Periodismo, Comunicación Política). En esos espacios, el estudio de las transformaciones producidas por el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación en torno a la digitalización de los procesos, se convirtió paulatinamente en transversal a los contenidos curriculares (Barberis, Rodríguez y Barrera Calderón, 2016; Rodríguez, y Barrera Calderón, 2014; Barberis y Rodríguez, 2014ayb). En tal sentido, los resultados obtenidos en dos décadas de investigación sobre el comportamiento político y el avance de los medios digitales, así como sobre las necesidades emergentes para la comunicación política en el Siglo XXI, fueron puestos a consideración de la comunidad científica en jornadas, congresos, seminarios, conferencias, y posteriormente divulgados en publicaciones tanto autóctonas como externas a la Universidad. Durante los primeros tiempos de análisis, los hallazgos permitieron reconocer el advenimiento de nuevas estrategias del marketing político digital, tendientes a generar y construir realidades de rédito electoral (Rodríguez, 2013). Por un lado, las estrategias digitales podían ser utilizadas políticamente por oficialistas para reforzar la propaganda política de los actos de gobierno, sin embargo, también se originaba en respuestas contestatarias en mano de otras organizaciones políticas, donde cuestiones de género y de nuevas formas de participación ciudadana aparecían como dos de las características de la comunicación política del siglo XXI (Rodríguez, 2014). En ese momento, todavía no existía la catalogación de fake news y otras categorías que hoy dominan la cotidianidad comunicativa. Hacia 2015, las nuevas herramientas sociodigitales asumieron un nuevo proceso de profundización en materia de impacto tanto electoral como participativo. Las organizaciones sociales, en sus diferentes formas de estructuración y participación, fueron tomando posiciones sobre subtemas de interés y ello pudo incidir en la instalación de nuevas agendas en la era digital, sobretodo relacionadas con demandas vinculadas a la defensa de los derechos humanos, medioambientales, de pueblos originarios y de las diversidades de género, pudiendo observarse este fenómeno en Argentina y Brasil (Rodríguez, Theiler, Mesquita Ceia y Tissera,2017; Rodríguez, Sabattini, Lacey y López, 2019). Como manifiesta Jesús Martín Barbero (2015, p, 21), la ciudadanía reinventa la política, en tanto con su movilización abre una brecha que produce “entretiempos, destiempos y contratiempos”. Para Barbero, las ciudadanías provocan a la política, “trastornan su linealidad”, se adelantan a los tiempos políticos o caminan en otro sentido al que les propone la política, y es a partir de esa ciudadanía movilizada desde donde proviene la reconfiguración de la política con nuevos sentidos. Las trayectorias observadas en el fenómeno de la era digital posibilitaron identificar el potencial creciente de los dispositivos de comunicación masiva y la tecnologización de las acciones políticas ciudadanas, lo que implicó un importante trabajo de reconceptualización de los medios de comunicación, de las instancias de participación y la “localización diversa” de estas nuevas “agencias de noticias”, en tanto usinas de producción de contenidos y opiniones (Rodríguez y Theiler, 2018). Desde el análisis de los escenarios que proveen las comunidades sociodigitales y sus disputas por establecer la agenda pública, en recientes investigaciones pudimos conceptualizar a la comunicación política de esta era, la sociodigital, y caracterizarla a partir de los roles que asumen los actores que intercambian esos discursos en disputa en el espacio público político: la clase política, los medios y sus periodistas, y la sociedad que autocomunica sus opiniones (Castells 2009). Este modelo asume las contradicciones que operan en la era digital: la construcción permanente de la privacidad y la individualidad en un entorno comunicacional en red que remite a lo público y comunitario; la superficialidad de la apariencia conviviendo con la profundidad de las demandas que se visibilizan desde los colectivos marginales; el trolling, las fake news y los procesos de posverdad que se combate con procesos de verificación y, por ende, alienta más participación; la pasividad de la sobreinformación que no opaca la movilización constante de la militancia sociodigital (Rodríguez 2020). En consecuencia, como contribución teórica y empírica al campo de estudio de las políticas de comunicación y tecnología, intentamos deconstruir las lógicas de la arquitectura digital para comprender las formas en que se manifiesta la participación ciudadana de los movimientos sociales en red. Podemos afirmar que la sociodigitalización de la política no condiciona, sino que desafía a la libertad de expresión como garantía de la comunicación como derecho humano. Por lo tanto, entendemos que el modelo de comunicación sociodigital brinda indicadores que pueden considerarse para la formulación de una política de comunicación en la era digital para América Latina (Rodríguez, 2020). En materia legal, el resguardo de los derechos de usuarios/as en Internet, se encuentra tutelado en forma heterogénea en Latinoamérica, al igual que las difusas definiciones y alcances de dichos derechos. Como afirma Silvio Waisbord (2014, p. 32), “la consolidación de las redes digitales no resuelve algunos de los problemas crónicos de la comunicación pública en la región”. Al igual que en Argentina, muchos países del mundo comenzaron procesos de adecuación de sus normativas, acordes a los nuevos retos que impone la globalización digital. Suel reivindicarse al Reglamento General de Protección de Datos, que entró en vigencia en la Unión Europea el 25 de mayo de 2018, como el documento legal más avanzado en la materia. Sin embargo, ante la actual situación de emergencia sanitaria en relación al Coronavirus, se ha cuestionado esa legislación por considerarla demasiado restrictiva e ineficaz ante una situación de crisis, como la originada por la pandemia (Han, 2020). La necesidad de un debate profundo y sincero en esta materia, por parte de los gobiernos, los monopolios informáticos, y otros actores relevantes, resulta inminente. Por consiguiente, la investigación actual se propone, sobre la base de los conocimientos teóricos y empíricos de estudios anteriores, reflexionar sobre los sentidos construidos en la comunicación política digital en Argentina, en el contexto latinoamericano, a fin de proponer indicadores para la formulación de políticas públicas en la materia. Dado que el equipo de investigación se encuentra conformado por integrantes de varios espacios curriculares vinculados a la Comunicación Política que asumen la dimensión digital como transversal, se planifica continuar con el involucramiento de estudiantes de grado y posgrado, mediante la realización de trabajos empíricos, trabajos finales de grado y tesis, así como la transferencia y divulgación interna y externa de resultados. En el estudio, se conjugarán metodologías ya aplicadas para el análisis de contenidos digitales (Rodríguez y Melano Cassina, 2018) con herramientas que permitan el seguimiento de los comportamientos de las plataformas, redes y usuarias/os en materia de protección de datos y de derecho a la comunicación, todo ello tendiente a la institucionalización de un Observatorio de Comunicación Digital. El caso testigo será el análisis de las formas que adquirieron comunicaciones tanto públicas como privadas, pero de relevancia social, durante el desarrollo de la pandemia ocasionada por el COVID-19 (Coronavirus) en Argentina en el marco de América Latina. Nota: La bibliografía se agregará para la versión a publicar.