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Diez años de las directrices voluntarias. Una mirada sobre su implementación en Argentina
Laura Pautassi, Maximiliano Carrasco, Florencia Antoniou, Pilar Arcidiácono, Lorena Balardini, Verónica Carmona Barrenechea, Giuseppe Manuel Messina, Gustavo Gamallo y Gonzalo Piasek.
En Derecho humano a la alimentación. Entre la política pública y las decisiones judiciales. (Colombia): Fondo Universidad de Medellín/Editorial UPB.
  ARK: https://n2t.net/ark:/13683/pZHh/3rd
Resumen
Las directrices voluntarias en apoyo a los esfuerzos de los Estados miembros encaminados a alcanzar la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional.fueron adoptadas en el año 2004 en el ámbito de la FAO. El objetivo de estas directrices es proporcionar orientación práctica a los Estados respecto de sus esfuerzos por lograr la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada (DaAA) en el contexto de la seguridad alimentaria nacional, buscando lograr cumplir con el Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la alimentación y con base ena un enfoque de derechos humanos (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 2004). A diez años de la adopción de las directrices, este trabajo pretende, con base en hallazgos de las investigaciones previas realizadas por el Grupo DSPP, analizar las principales características del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria (PNSA) y de programas alimentarios de la Ciudad de Buenos Aires, y efectuar consideraciones de los mismos a la luz del enfoque de derechos y en vinculación con las directrices. Asimismo, se analiza la actividad del Frente Parlamentario contra el Hambre de Argentina, y el Proyecto de Ley marco de Derecho a la Alimentación Adecuada con Seguridad y Soberanía Alimentaria, presentado en la Cámara de Diputados de la Nación en noviembre de 2013; se describen las principales dificultades en materia de producción de datos sobre situación socioeconómica de la población y sobre desempeño de políticas y programas sociales nacionales, y también se aborda el tema de acceso a la información pública y las dificultades que plantea el no contar con una ley nacional que regule ese derecho.
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