Este artículo aborda la política social argentina durante el primer año de la pandemia del COVID-19, poniendo el foco en las medidas extraordinarias tomadas por el gobierno nacional. En particular, se estudian los principales programas de transferencia de ingresos no contributivos en vigor durante la crisis y se estiman sus efectos sobre los ingresos de los hogares y la pobreza, utilizando las bases de la Encuesta Permanente de Hogares. El alcance de las transferencias es analizado según las características básicas de los hogares (composición, presencia de niños/as y adolescentes, posición a lo largo de la distribución del ingreso) y aquellas del jefe/a del hogar (género, nivel educativo, estatus ocupacional). A partir de los datos, se observa que en el primer año de la crisis el incremento de las transferencias está asociado al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). El IFE incluyó a hogares generalmente no cubiertos por la política social no contributiva, tuvo un efecto nada despreciable en moderar el incremento de la pobreza y la indigencia, pero fue descontinuado antes que la situación de los hogares vulnerables regresara a los niveles anteriores a la pandemia