Mi tesis se enmarca en el doctorado en Filosofía de la UBA. Cruza el marco de la teoría queer y la teoría crip que venía trabajando durante mi carrera de grado con el marco de algunas teorías de la justicia, para pensar los dilemas de la ética de la salud pública, una rama dentro del ámbito de la bioética, junto a la ética clínica y la ética de la investigación. Dentro de la ética de la salud pública, me interesa particularmente los debates sobre asignación de recursos sanitarios escasos. En un sentido amplio, mi hipótesis principal es que la asignación de dichos recursos en situaciones de emergencia, por ejemplo, durante el COVID, requiere no únicamente de marcos éticos distributivos, sino también de una ética del reconocimiento y de la justicia social. En este contexto, propongo una perspectiva queer-crip para pensar algunos de los dilemas surgidos en ética de la salud pública y, en particular, asignación de recursos sanitarios escasos durante emergencias. Una perspectiva queer-crip retoma algunos de los postulados de los estudios en discapacidad y las epistemologías feministas para cuestionar los sesgos sistemáticos que ocurren en las discusiones bioéticas en torno a los estándares de funcionalidad corporal y mental. Proponen pensar las demandas de justicia de las personas con discapacidad y personas LGBT desde una concepción no esencialista de la identidad, enfocándose en el capacitismo, entendido como un sistema de opresión que produce socialmente un tipo específico de sujeto como el modelo de la especie humana y relega al resto al sitio de la anormalidad. Cuando los estándares capacitistas de funcionamiento, apariencia y comportamiento se trasladan a las decisiones de salud pública, ocurren inequidades éticamente impermisibles. En este contexto, una perspectiva queer-crip permite identificar la influencia del capacitismo en las instituciones sociales que se expresan en estos debates de ética de la salud pública. Para demostrar que estos presupuestos en asignación de recursos sanitarios escasos son éticamente impermisibles utilizo 2 categorías provenientes de las teorías de la justicia que me sirven como mediadoras entre esta perspectiva y el debate en salud pública: en primer lugar, la categoría de “discriminación indebida” complementada con la categoría de “discriminación indirecta”. Lo que dicen estas 2 categorías es que por un lado estos criterios son indebidamente discriminatorios porque ponen en desventaja social a un grupo por sobre otros y lo hacen de forma indirecta porque el criterio no dice explícitamente a qué grupo social margina. En segundo lugar, la categoría de “injusticia estructural” en combinación con la categoría de “inequidad en salud” lo que va a decir es que esta discriminación indebida se enmarca en un conjunto de creencias, prácticas y procesos que genera una injusticia sistemática, es decir, que estos criterios se nutren de una desigualdad estructural presente en las instituciones sociales y a la vez reproducen esa injusticia a partir de estos criterios, oficiando de condición de posibilidad de esa injusticia que se repite. Esto es injusto nuevamente porque pone en desventaja social un grupo por sobre el resto y se enmarca además en discusiones de inequidad en salud donde existe una asignación de recursos sanitarios sistemáticamente injusta. A partir de la conjunción de estos dos marcos teóricos, mi tesis aborda la ética de la salud pública, en particular asignación de recursos sanitarios escasos y más particularmente, triaje ético. Estos debates se enmarcan en lo que desde las teorías de la justicia se ha denominado “justicia asignativa” o alocativa. Para establecer estas conexiones propongo analizar el caso colombiano de asignación de recursos sanitarios escasos durante el COVID-19. A partir de una acción de tutela de personas mayores de 60 años, en situación de discapacidad y/o con enfermedad crónica contra el Ministerio de Salud y Protección Social colombiano se denunció el uso de criterios de triaje discriminatorios. En 2023 se expide la sentencia T-237 de la Corte Constitucional de Colombia que avala el reclamo y demuestra que durante el COVID-19 se utilizaron criterios que excluían de forma injustificada a algunas personas mayores, con discapacidad y/o con enfermedad crónica de los recursos potencialmente salvadores, en particular, del equipamiento provisto en Unidades de Cuidados Intensivos y/o Especiales. Entre los criterios reclamados en esta sentencia y en otros documentos se encuentran: el de los años de vida ajustados a la calidad (QALYs), los años de vida ajustados a la discapacidad (DALYs), la reincorporación funcional a la sociedad y la independencia funcional, expresada en la escala de Barthel. Mi trabajo identifica los vínculos entre estos criterios cuestionados y dos de las nociones fundamentales de los estudios del capacitismo y una perspectiva queer-crip: la perspectiva estándar de la discapacidad y la normas sociales de capacidad obligatoria.