En este amicus presentado a la CIDH por el caso Pavez Pavez vs Chile, analizo -en defensa de Pavez- una serie de aspectos que atañen: a. al sentido y orientación del principio laicista de la separación entre iglesia y Estado tanto en sociedades con diversidad y pluralismo religiosos como en contextos con una preponderancia política marcada de ciertas instituciones eclesiásticas. Al respecto sostendré que este principio no puede ser usado para promover la supremacía de determinadas autoridades religiosas por sobre otras iglesias y visiones del mundo ni tampoco sobre las personas que conforman la comunidad religiosa en ningún contexto, independientemente de la riqueza de la diversidad y pluralidad religiosas y de visiones del mundo que se constaten, pero que los tribunales chilenos así lo usaron. b. a los derechos religiosos de las personas de los colectivos LGBT+ y de las comunidades religiosas en general frente a las arbitrariedades de las autoridades eclesiásticas. Si no se puede defender que las autoridades eclesiásticas tienen un derecho acorazado bajo el manto de la libertad religiosa para decidir arbitrariamente sobre aspectos que involucran la dignidad misma de las personas que practican esa religión (y no creo que se pueda defender tal postura), entonces los Estados tienen un deber de defender a las personas afectadas por tales atropellos. c. a las preguntas de si existen, por un lado, un choque de derechos entre los derechos sexuales y reproductivos en general y los derechos de las personas LGBT+ versus los derechos de las autoridades eclesiásticas y, por el otro, un choque de derechos entre los derechos religiosos de las personas LGBT+ versus sus derechos a vivir con plenitud en el respeto a sus orientaciones sexuales e identidades de género. La respuesta es negativa en ambos casos: no hay choques conceptuales entre estos derechos respectivos y cuando así lo parece es por efecto de las prácticas discursivas sobre los derechos que se desarrollan en determinados contextos políticos en los que existe una supremacía política injusta de ciertas autoridades eclesiásticas que ampara y promueve la tergiversación e instrumentalización de los derechos fundamentales.