¿Es el desideratum secularista de separación Iglesia-Estado capaz de enfrentar las consecuencias negativas de la revitalización política de los conservadurismos religiosos y la instrumentalización de la religiosidad popular para fines antiigualitarios? La respuesta negativa es la tesis de la que parto para analizar por qué los liberalismos secularistas y postsecularistas no pueden procesar ni en la teoría ni en la práctica la reordenación política de las iglesias cristianas conservadoras (católicas y evangélicas) en nuestra región. Esto no me conduce a abrazar una teología política ni un relativismo abstencionista. Me interesa estudiar la plausibilidad de desarrollar una postura ético-política anticlerical que no desprecia la religiosidad popular ni el potencial emancipador en los fenómenos religiosos, en un mundo en el que no es ni moral ni históricamente viable soslayarlos insistiendo en colocarlos en la esfera inasible de lo privado o en un pasado sublimado en procesos de secularización. La hipótesis guía de este artículo es que la cuestión normativa y política básica sobre la que tratan la mayor parte de los debates sobre secularización en la actualidad es la participación de las iglesias en lo político por medio de la formación del juicio y la voluntad públicos.