En Argentina, la ley nacional de Salud Mental y Adicciones Nº 26.657 de 2010, se posiciona desde el paradigma de los derechos humanos y otorga centralidad a los abordajes interdisciplinarios e intersectoriales. Sin embargo, desde su sanción, las tensiones con el paradigma tutelar manicomial quese manifiesta en las acciones de las políticas públicas, los intereses de las disciplinas e instituciones y los reclamos de movimientos sociales, interrogan los alcances reales de su implementación. El objetivo del presente trabajo es comparar las representaciones de los/as trabajadores/as del sector acerca de la viabilidad de la Ley y sus efectos entre 2011 y 2013, en el ámbito del Área Metropolitana de Buenos Aires. Con un abordaje descriptivo-cualitativo realizamos entrevistas, grupos focales y observaciones participantes en hospitales mono y polivalentes públicos. Entre los resultados se observan cambios visibles en la conceptualización sobre las personas con sufrimiento mental y las propuestas de tratamiento y atención. En el ámbito de las prácticas, persisten resistencias tutelares en la garantía del consentimiento informado de los tratamientos. Asimismo, la falta de recursos y dispositivos acordes con la ley, interrogan las posibilidades de implementación. Los conflictos con sectores corporativos profesionales y los procesos alternativos osustitutivos de algunas experiencias, se viabilizaron con la participación de actores implicados del espacio público y la sociedad civil, en particular de redes de usuarios y familiares y colectivos artísticos y socioculturales.