La educación sexual siempre ha estado presente en los procesos de socialización que acontecen en las instituciones educativas, aunque muchas veces de modo implícito. A partir de un recorrido crítico de los currículos explícitos, implícitos y, fundamentalmente, ocultos, numerosos estudios (Morroni, 2006; Connel, 2006; Fainsod y Busca, 2016; Morgade, 2017; Sueiro y Giachero, 2018; Galazi, 2016) dan cuenta de que toda educación es (y ha sido) sexual, dando lugar a procesos de performatización y control corporal, afectivo, sexual y económico por parte de las instituciones estatales en manos de los sectores de poder. Sin embargo, recién en 2006 se sancionó la Ley Nacional N° 26.150 creando el Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI) como resultado del reclamo por la inclusión de contenidos curriculares desde el enfoque de los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos levantados por el movimiento feminista, desde una perspectiva de derechos y de género.