La centralidad de los derechos humanos de las personas con padecimientos mentales y con uso problemático de drogas, es eje de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. Implica un paradigma alternativo al manicomial y en su construcción participaron organizaciones de usuarios, familiares, profesionales, gremiales y políticas. Promueve abordajes interdisciplinarios e intersectoriales y la modalidad de gratuidad, equidad e igualdad frente a las desigualdades sociales. Garantiza asistencia legal, revisión y excepcionalidad de las internaciones prolongadas y el consentimiento informado, así como el derecho a tomar decisiones vinculadas al tratamiento y rehabilitación e integración en la comunidad. Sin embargo, su implementación requiere profundizar procesos participativos que superen obstáculos político-financieros, técnico-corporativos e ideológicos para el reconocimiento del derecho a la salud mental, sin estigmatización y discriminación de las personas con sufrimiento mental. Este trabajo propone como objetivo general: comprender las representaciones y significaciones de los/as trabajadores/as del sector acerca de la viabilidad de la Ley y sus efectos. Con un abordaje descriptivo-cualitativo realizamos entrevistas, grupos focales y observaciones participantes en hospitales mono y polivalentes públicos de la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Desde un proceso recursivo y dialógico, resignificamos los hallazgos en la perspectiva de la Psicología Social Comunitaria. La muestra intencional y estratificada por profesiones contempla: médicas/os, psicólogas/os, terapistas ocupacionales, enfermeras/os y otras/os trabajadora/es. Como conclusiones señalamos que, frente a la norma, se observan facilitadores en los cambios acerca de la conceptualización y modalidades de atención; y obstáculos vinculados a la vigencia del paradigma tutelar y la conflictividad de intereses y visiones, que operan resistencialmente a las transformaciones. Se advierte la necesidad de articulaciones interdisciplinarias e intersectoriales en las micropolíticas institucionales que construyan viabilidades y transversalicen prácticas innovadoras; así como el desafío de un movimiento de Salud Mental con múltiples actores que garantice la universalidad de la salud.