Si consiste como condición sine qua non para el ejercicio de la soberanía popular en una construcción que, debido al proceso que involucra decisiones colectivas y, más bien, su elaboración, converge hacia las fronteras que terminan con la Constitución y el Estado, la Voluntad General involucra posibilidad de articulación de la totalidad de los hombres como individuos en su concreción histórico-cultural y económico-social, lo que implica la universalidad concreta, que proviene del conjunto de voluntades y hechos económicos que caracteriza a la sociedad y la dinámica de las relaciones intersubjetivas. Así, el artículo señala que, al caracterizarse como un proceso ético-legal de deliberación colectiva que implica la objetivación de los valores, necesidades y fines de las personas como un cuerpo colectivo y moral a través de un movimiento económico-político que involucra los momentos que terminan el instituido, el instituir y la institucionalización, la Voluntad General convierte el contenido sociopolítico en poder de la ley, convergiendo en la superación de la universalidad de una Ley que encierra un “deber ser” y una exterioridad coercitiva que a través del marco normativo impone en nombre del bien común de la totalidad político-legal y económico-social del estado, anulando su carácter abstracto y la ruptura que involucra el orden legal y social.