La Economía Social en movimiento... en la encrucijada del cambio estructural y la regulaciónTema 9: Economía social, inclusión social y lucha contra la pobrezaTítulo: La institucionalización de la economía social en ArgentinaVerónica Haddad, Natalia SteinSummary:El objetivo de este trabajo es poner en consideración la experiencia argentina en torno a la política pública orientada especialmente a favorecer el desarrollo de las organizaciones de la economía social en la década 2003-2013. Se indagará acerca de la generación de cambios estructurales a través de políticas de Estado materializadas en normativas específicas, planes y programas que han contribuido a la creación, ampliación y consolidación de redes de organizaciones. Muchas de ellas surgidas por necesidad, pero otras, inducidas desde el Estado para generar puestos de trabajo y mejorar ingresos y calidad de vida de las personas de los sectores más vulnerables. Se evaluará el impacto del dictado de leyes orientadas al desarrollo de la economía social, y de la implementación del Programa de Ingreso Social con Trabajo en el marco del Plan Argentina Trabaja. En este Programa se conforman cooperativas con la característica peculiar de ser organizadas desde el Estado Nacional. Finalmente, se hace foco en la articulación interministerial e interinstitucional materializada en un trayecto formativo para los orientadores cooperativistas que es la Diplomatura de Operador Socioeducativo en Economía Social y Solidaria (DOSESS). Se trata de verificar como esta política pública contribuye a la transformación social desde las bases, en total sintonía con los valores de la economía social. La metodología utilizada es la recopilación de datos de publicaciones gráficas y virtuales, así como el relato de la experiencia concreta de actores vinculados a las distintas etapas y cuestiones mencionadas, tanto funcionarios de los Ministerios involucrados como universitarios, docentes e integrantes de otras redes de organizaciones de economía social. A partir del 2003, con la asunción de un presidente que ganó con solo el 22% de los votos, comienzan transformaciones estructurales en Argentina para revertir la profunda crisis socioeconómica y cultural, producto de décadas de un modelo económico socialmente excluyente. Los programas sociales vigentes hasta entonces, resultan insuficientes para superar una exclusión social que alcanza niveles inéditos en el país. La inclusión social se presenta como el desafío prioritario y para efectivizarla, se requiere mucho más que crecimiento económico que ya sabemos que no garantiza el desarrollo, no implica equidad ni acceso igualitario a recursos y servicios. Así es que se perfilan los ejes rectores de las nuevas políticas públicas orientados al fortalecimiento de la democracia, con espacios de debate participativos para la planificación, gestión y evaluación de las políticas sociales y para la reconstrucción del entramado social. Lo que se presenta como novedoso, además, es el cambio de paradigma en la política social que ahora también es trabajo y producción. Las condiciones están dadas para impulsar a la economía social como estrategia de inclusión social en un marco de toma de decisiones democrática y distribución equitativa de los excedentes, configurando un modelo de desarrollo alternativo sustentable. Se instaura la política de promoción socioproductiva y se avanza en la institucionalización y formalización de las organizaciones de la economía social.El corolario es la mejora de los índices de desarrollo humano y la recuperación de derechos civiles, sociales, económicos y culturales, tendiendo a la transformación de las personas desde un lugar de objeto de asistencia a otro como sujeto de derechos protagonista de su propia historia.La decisión política de favorecer el desarrollo y la consolidación de las organizaciones de la economía social tiene una direccionalidad clara y transformadora enmarcada en favorecer un sistema de relaciones basadas en la participación. la solidaridad y la reciprocidad. La economía social, así, se constituye en un subsistema creciente dentro de la economía plural interactuando con la economía pública y la economía capitalista de las empresas con fines de lucro. Su carácter distintivo de primacía de las personas, el trabajo y la producción por sobre el capital en la distribución de los excedentes, implica poner al ser humano en el centro de la escena. La institucionalización de la economía social desde el Estado Nacional se materializa principalmente en las iniciativas de la gestión del Ministerio de Desarrollo Social que durante la década 2003-2013 es origen y propulsor de ideas que se convierten en Leyes sancionadas por el Poder Legislativo. No obstante, también otras dependencias del Estado Nacional promueven la Economía social a partir de la creación de nuevas estructuras con planes y programas que favorecen la formulación de proyectos en este sentido. Así, la economía social se fortalece y las redes de organizaciones se amplían y afianzan en sus distintas formas asociativas favorecidas por las políticas públicas y las leyes de institucionalización:La primera fue la Ley 25.865 del 2004, que crea el Registro de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social que da origen al Monotributo Social. Se registra (Leyes 25.865 y 26.223) a personas físicas y asociados a cooperativas de trabajo que realicen una actividad productiva. El objetivo es que puedan formalizarse, facturando y accediendo a Seguro Social con el impuesto subsidiado por el Estado Nacional.En 2006, para facilitar el acceso al crédito de personas que no son sujetos de crédito para el sistema bancario, se sanciona la Ley 26117 de Microcrédito para la Promocion y el Desarrollo de la Economía Social, y se crea la Comisión Nacional de Microcrédito (CONAMI) como organismo ejecutor de dicha Ley. Lo novedoso es la tasa subsidiada por el Estado, que permite acceder a un apalancamiento de las actividades socioproductivas.La tercera normativa es la Ley 26.355 de 2008, de ?Marca Colectiva?, que permite a emprendedores sociales registrar su Marca y así ampliar canales de comercialización y establecer estrategias comunes para un desarrollo en escala, visibilidad, diferenciación e identificación cualitativa de sus productos a través de un signo distintivo con nombre propio.En el 2008, con la crisis financiera internacional, se evidencia la no sustentabilidad del modelo de concentración económica. En Argentina, entonces, se toman medidas para que la hecatombe no afecte tanto a la población más vulnerable. La respuesta es el Programa de Ingreso Social con Trabajo, apuntando a organizar a aquellos que, a pesar del crecimiento económico sostenido durante casi 6 años, no se hubieran insertado ni como empleados asalariados ni como trabajadores autogestivos. El programa promueve la organización en cooperativas con el objetivo de generar puestos de trabajo. El propósito es mejorar la calidad de vida de estas personas en situación de extrema vulnerabilidad socioeconómica, facilitando su inclusión efectiva a través del trabajo como organizador e integrador social. Se trata de crear oportunidades de inclusión socioocupacional y desarrollar capacidades desde una perspectiva integral, incluyendo el derecho a la educación, la salud y los derechos de ciudadanía activa. El Programa se implementa a través de articulaciones multiactorales y multisectoriales con diversos Municipios, entes ejecutores y otros actores nacionales, provinciales y locales, orientando el trabajo a la mejora del habitat y los espacios de uso público y comunitario.En 2009 se lanza primeramente en 36 distritos del conurbano bonaerense y en varias provincias. EL 53% de la población, eran mujeres y el 30% eran menores de 24 años. Más del 80% de los integrantes no había terminado la escuela y más del 70% no tenía un oficio ni experiencia de trabajo asociativo. La mayoría llevaba más de 5 años sin trabajar. De los propios cooperativistas surgió la demanda de una formación en economía social, tanto por la necesidad de profundizar en la identidad cooperativa como por la posibilidad de desarrollar sus proyectos socioproductivos y gestionar sus emprendimientos. Apareció la idea de la Diplomatura de Operador Socioeducativo en Economía Social y Solidaria, desde la Universidad Nacional de Quilmes y con el apoyo de la articulación del Ministerio de Desarrollo Social con el Ministerio de Educación, se concretó en 2011. Cursaron casi 1000 y se diplomaron más de 650 cooperativistas. Ahora en 2013, se triplica el número de cooperativistas cursando y se incorporan las Universidades de San Martín y de Moreno.Un logro fundamental de la política pública en esta década es haber puesto en agenda, desde la gestión, a la Economía Social como la forma de organizar el trabajo y la producción que facilita la reincorporación al mercado de trabajo de aquellas personas expulsadas del mismo, promoviendo la democratización de la toma de decisiones con la consiguiente mayor equidad en la distribución de los ingresos y cohesión social.