Históricamente el rol de los inspectores/as fue definido en la normativa educativa como agentes de control, con funciones de fiscalización del funcionamiento de las escuelas y las prácticas de los/as docentes. También se les asignó como tarea el seguimiento de los aspectos de infraestructura edilicia de las escuelas, su localización, matriculación y el cumplimiento de los planes de enseñanza. De esta manera, el cuerpo de inspectores/as comenzó a configurarse como un intermediario entre los lineamientos educativos emanados del nivel central y su implementación en las escuelas con objetivos de control, y no de construcción de condiciones a partir del conocimiento de las realidades locales.Esta desconexión de la supervisión de las realidades locales plantea un trabajo de reconstrucción de la tarea, que hoy se encuentra plasmada en el nuevo marco normativo que ordena al Sistema Educativo. La sanción de la Ley de Educación Nacional N° 26.206 y la Ley de Educación Provincial N° 13.688, que se enmarca en los lineamientos políticos de la normativa nacional, plantearon otra configuración respecto del rol del Estado y de los actores del Sistema Educativo en cuanto a responsabilidades y funciones, en pos de garantizar el derecho a la educación de todos los habitantes de la Nación.Esto representó transformaciones político-administrativas que impactaron en la configuración del rol de los/as inspectores/as, más orientado ahora a la supervisión con preponderancia de las tareas de asesoramiento por sobre las de control. Asimismo, pasó a ocupar un rol clave en la articulación entre los distintos niveles de gestión del sistema: nacional, jurisdiccional y local. Esto permitió una inserción territorial con intervenciones de tipo transversal, es decir, de articulación con otras áreas estatales o con organizaciones sociales activas en la comunidad. El trabajo de supervisión es definido en el Reglamento General de Escuelas como trabajo de intervención, apoyo, seguimiento y evaluación de las instituciones educativas en todas sus dimensiones.De esta manera, el accionar de los inspectores/as se establece como un factor fundamental para la concreción de las políticas educativas que garantizan el derecho a la educación, atendiendo los aspectos pedagógicos y administrativos que inciden en la calidad de los procesos escolares asegurando la plena inclusión, la continuidad y la terminalidad de los estudios.