En Argentina, a partir de la sanción de la Ley 27.401/2017 se instauró un Régimen de Responsabilidad Penal para las Personas Jurídicas privadas por la comisión de ciertos delitos taxativamente tipificados y, además, se establecieron penas que sobre ellas se aplican. Esta ley incorpora de manera novedosa la implementación y cumplimiento -no obligatorio- de Programas de Integridad, que consisten en una serie de mecanismos tendientes a prevenir, detectar, corregir irregularidades y, eventualmente, auto-denunciar la comisión de los delitos comprendidos por en ella. Dichos Programas de Integridad deberán tener relación con los riesgos propios de la actividad que realiza la persona jurídica, su dimensión y capacidad económica. En este sentido, las empresas que ya cuentan con una Estrategia de Sustentabilidad integrada a su negocio, todos estos requerimientos establecidos por Ley son meramente una cuestión de mejor rendición de cuentas de elementos que fueron trabajados previamente en la organización. En cambio, aquellas empresas que deban iniciar este proceso a partir de la incorporación de estas exigencias transitarán un gran cambio positivo hacia el desarrollo de nuevas estrategias de negocios sustentables.