La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires ha ocupado un lugar central en el proceso de formación de cuadros políticos en Argentina, al menos desde finales del siglo XIX. Las razones de ello son numerosas y tienen que ver con la suma de una serie de factores de los que es difícil dar cuenta de modo integral, pero entre los cuales podemos mencionar algunos de los siguientes: El peso tradicional de las universidades en la formación de cuadros políticos, que es un fenómeno que se replica frecuentemente en el mundo. A ello se le agregan los vínculos entre élites y educación superior que tampoco son una particularidad argentina e incluso se podría pensar que aquí esas tendencias conocen ciertos elementos que las han relativizado históricamente. También debemos mencionar la relevancia de la UBA en la historia del sistema universitario argentino, lo que cobra más significatividad en el caso de la Facultad de Derecho por su propia posición central al interior de esa universidad que encuentra razones múltiples como su historia, su trayectoria, su capital simbólico y político a lo que se le suma el valor de los reconocimientos corporativos o disciplinares. La ubicación geográfica de la UBA, en la Ciudad de Buenos Aires, como capital y centro político y económico del país, ha sido igualmente un elemento favorable a la proliferación de esos vínculos de proximidad y circulación entre la universidad y el Estado nacional. Ese papel de la Facultad, lejos de ser un peso histórico, es reivindicado hasta la actualidad por la propia institución que suele destacar como uno de sus mayores logros el alto número de presidentes de la República que se han graduado en sus aulas, lo que es interpretado como una evidencia de su rol de formadora de dirigentes . Pero esa enumeración parece sólo la punta de un gigante iceberg cuyos contornos aún no han sido del todo cartografiados. El listado de funcionarios que pasando por dicha facultad en condición de profesores, investigadores o autoridades, que se han integrado a cargos relevantes en los tres poderes del estado a lo largo de la historia nacional, es de una enorme vastedad. La Facultad ha sido un lugar de formación y socialización política de diversas expresiones de las clases dominantes, tanto en períodos democráticos como en otros más sombríos. Esa circulación que resulta muy esperable en el caso del poder Judicial y que por ello ya posiciona a la Facultad en un lugar político de relevancia, también se reproduce en el poder Legislativo donde el predominio de los abogados suele ser significativo en la tradición argentina (y replica lo que sucede en muchas otras naciones) y en los gabinetes ministeriales del Poder Ejecutivo, donde la presencia de abogados con trayectoria universitaria suele ser frecuente, incluso encabezando carteras que a priori parecerían alejadas de los campos de saberes disciplinares esperables para los mismos. El presente trabajo busca analizar los modos en que esos vínculos se traducen en la circulación de abogados formados e integrados a la vida de la entonces Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, particularmente como profesores o autoridades con trayectorias académicas reconocidas, y cargos relevantes bajo los gobiernos dictatoriales post-1976.