Este trabajo se inicia en momentos en los cuales la represión de la protesta social ocupa nuevamente un lugar central en la agenda política y mediática. Nociones como la de “espacio público” y el derecho a la libre circulación pasaron a ser, según el discurso oficial, los ordenadores del conflicto social en momentos en los cuales justamente, este pareciera agudizarse. Este conflicto tiene asimismo un reflejo en la normativa y en la jurisprudencia que debido a su amplitud me limitaré a trabajar en base a los antecedentes y modificaciones del art. 194 del Código Penal de la Nación así como también del “Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas”, de reciente aprobación y poco clara implementación. Con respecto al primer punto, se abordará el antecedente de 1921 y su modificación del Código Penal que tuvo lugar durante la autoproclamada “Revolución Argentina”. Se aborda, asimismo, la discusión sobre el bien jurídico supuestamente protegido por este tipo penal. En relación al texto del Protocolo aprobado en febrero de 2016, se realiza un análisis de la concepción de Derechos Humanos a la cual remite el documento a partir de las afirmaciones vertidas en sus considerandos así como también en su propio articulado. Siendo el título propuesto para este eje “Movimientos sociales y criminalización de la protesta”, se hace una reseña del proceso de implementación de este protocolo, que fue coincidente en tiempo con una de las primeras movilizaciones de peso realizadas contra el gobierno de Mauricio Macri a raíz de los despidos de trabajadores del Estado. Finalmente, se propone una conclusión a partir de los ejes desarrollados sobre la ponderación de ciertos derechos constitucionales en detrimento de otros, estando presente esta visión tanto en el discurso oficial como en la normativa aplicada.