En este trabajo me propongo analizar la discusión parlamentaria respecto de la aprobación de la ley sobre jubilaciones y pensiones civiles. Esta discusión aconteció en el mes de octubre de 1887. En ese momento se generó el conflicto sobre quiénes eran los trabajadores que debían ser retribuidos con una jubilación y quiénes no. A su vez, es importante tener en cuenta el panorama internacional y la situación de nuestro país. Por un lado, la discusión sobre las jubilaciones tenía su antecedente en Europa, en donde este tema había sido debatido alrededor de veinte años atrás a partir de los movimientos de obreros organizados en sindicatos reclamando sus derechos. Por otro lado, la llegada de la ley en la Argentina se gestó en un contexto en el que se hacían pedidos diarios de jubilaciones y pensiones graciables, los cuales eran discutidos uno por uno y constantemente por el Parlamento. Esta abundancia de pedidos implicó la necesidad de una normativa que regularizara y pusiera coto al tratamiento de los casos particulares. Además, ya había sido sancionada, previamente, una ley sobre jubilaciones y pensiones militares aludiendo al «heroísmo» de estos trabajadores en sus funciones. Me interesa desarrollar, en este trabajo, las operaciones de justificación que se construyeron desde dos formaciones discursivas contrarias. Por un lado, se postulaba un conjunto de «merecedores» de una retribución jubilatoria y, por otro, aparecía un grupo de de excluidos. Pensamos que en estas argumentaciones se ponen en juego dos modelos de país. Una de las formaciones discursivas a favor de la promulgación de la ley apela a la «deuda» de la patria con aquellos que la conservan con su trabajo. La otra formación discursiva hace hincapié en la «deuda» de los trabajadores para con la patria que les propició trabajo. Mi objetivo es relevar, a través de un análisis contrastivo, los argumentos por parte de una y otra formación discursiva en relación a esta ley y su problemática sobre la importancia del trabajo para la formación de una nación.