Si el acceso a contenidos diversos y a una conectividad infraestructural para Internet resultan materialmente constitutivos del ejercicio del derecho humano a la comunicación, su restricción directa -por carencias de soportes materiales- e indirecta -por restricciones normativas o situaciones fácticas de posiciones dominantes de actores preponderantes, y/o por la fijación costes inasequibles- supone una restricción a este ejercicio ciudadano. Sobre las políticas públicas restructuradas, damos cuenta del viraje desde una mirada que identifica personas y colectivos sociales como sujetos de derechos, hacia otra que justifica la existencia de consumidores cautivos, o un acceso restringido a condiciones de capacidad de consumo, bajo discursos legitimadores de la libre competencia y el emprendedorismo. Esta ponencia pretende brindar indicadores que faciliten políticas para revertir la regresión de derechos a los consumos culturales, informativos y de entretenimiento, de acuerdo a parámetros del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Señalamos una alta dispersión de valores de los abonos de televisión por suscripción entre 2017 y 2018 en distintas ciudades, aún de la misma provincia. Esta cuestión pervivió y se complejizó a partir de 2019 con las ofertas paquetizadas (televisión + telefonía fija + telefonía móvil + Internet), con diversidad de planes y fuertes promociones. Trabajando hacia una Canasta Básica de Comunicación, Información y Cultura Digital, consideramos el gasto en los medios y soportes que vehiculizan su consumo o puesta en práctica, como el abono hogareño de internet o la adquisición de un celular y la contratación de un plan mensual. Revisamos la doctrina sobre consumos culturales, entendiendo que aquellos vinculados con plataformas de conectividad se han tornado inelásticos. Comparando los resultados de las Encuestas Nacionales de Consumos Culturales 2013 y 2017, el porcentaje de argentinos que accedían a contenidos a través de un dispositivo móvil ascendió del 9 al 75%. Mientras que una canasta compuesta por dos abonos de celular y un paquete de cable (básico), internet y telefonía fija, comparado con el Ingreso total familiar, arroja entre 2013 y 2017, un ascenso en el gasto familiar de más de un 50%, de un 4,4% a un 7% (SInCA,2019). Quienes integran los deciles más bajos de la pirámide social, además de sufrir los fortísimos aumentos en las tarifas de servicios públicos, también acusan mayor incidencia de los abonos de TV por suscripción e Internet, como costos fijos en la canasta mensual de gastos. Ante la autolimitación operada en materia tarifaria de telecomunicaciones (DNU 247/15) rescatamos el recupero de facultades para monitorear y regular las tarifas de los servicios públicos esenciales y estratégicos TIC mayoristas, y las de los prestados en función del Servicio Universal. Respecto de los servicios de Internet, proponemos establecer una tarifa preferencial o social; así como el restablecimiento de un abono social para la TV por suscripción. Desde lo metodológico, la Canasta Básica mencionada, en concurrencia de fuentes y marcos de análisis del INDEC, ENACOM, SINCA y otros observatorios permitirían sistematizar la evolución de precios/tarifas con mirada social y territorializada, para abordar necesidades cada vez más concurrentes y transversales en la sociedad argentina contemporánea.