El presente trabajo examina las formas materiales y legales de la persecución policial hacia la homosexualidad y otras identidades sexodisidentes en la Argentina urbana durante la década del 1940, con especial atención a la Ciudad de Buenos Aires. Partiendo de la hipótesis de que los Edictos Policiales y otros instrumentos normativos funcionaron como marcos pseudo-legales que habilitaron la criminalización y el control del orden en el espacio público, se analiza cómo esas disposiciones operaron junto con prácticas institucionales y discursos sociales para producir condiciones de vulnerabilidad y exclusión. El corte cronológico elegido se relaciona con la incorporación de artículos específicos en los Edictos de 1949 y culmina con el surgimiento documentado de formas organizativas homosexuales, particularmente la agrupación autodenominada Maricas Unidas Argentinas (MUA), cuyo testimonio y registro gráfico reciente reconfiguran la historiografía que hasta ahora situaba a Nuestro Mundo (1967) como el primer colectivo organizado en defensa de derechos homosexuales en la región. El estudio articula fuentes secundarias —trabajos de Farji Neer, Ramacciotti y Valobra, Simonetto y Garrido, entre otros— con testimonios de primera mano, memorias autobiográficas (Malva Solís) y material periodístico recuperado por archivos recientes (Juan Quiroz, 2022). A partir de este acervo se reconstruyen las prácticas represivas: detenciones por artículos contravencionales, alojamiento sistemático en el pabellón de Contraventores de la cárcel de Villa Devoto, deportaciones amparadas en la Ley de Residencia y la imposición de estigmas a través de la prensa sensacionalista. Se argumenta que la figura del “pequeño delito” —concebido como producto de la miseria estructural generada por el capitalismo— fue instrumentalizada para legitimar la existencia permanente de fuerzas represivas y su intervención en la regulación de cuerpos y comportamientos sexualmente disidentes. Asimismo, se distingue entre represión política y control social general, enfatizando que la persecución de homosexuales y travestis no siempre obedeció a una lógica de contención de insurgencia política directa, sino a un disciplinamiento de género y sexualidad que reforzaba roles normativos sostenidos por instituciones médicas, religiosas y estatales. En este marco, el travestismo fue tipificado penalmente como transgresión de las normas sexo-genéricas, lo que posibilitó prácticas policíacas específicas contra travestis y maricas, incluyendo sanciones por “usar prendas del sexo opuesto”. El trabajo explora además la relación entre estas prácticas represivas y las primeras formas de organización comunitaria: la MUA y otras redes surgieron en buena medida como respuesta solidaria ante arrestos, deportaciones y privaciones materiales, articulando estrategias de supervivencia que desafían las narrativas hegemónicas. Finalmente, se discute cómo el discurso peronista sobre la familia heterosexual trabajadora y la moral católica contribuyeron a la estigmatización, mientras que las condiciones materiales (migraciones internas y externas, precariedad económica, urbanización) configuraron las posibilidades y límites para la emergencia del activismo marica en el período estudiado. El análisis concluye proponiendo que la persecución policial y las condiciones socioeconómicas no sólo reprodujeron exclusión, sino que actuaron también como catalizadores de formas tempranas de organización y solidaridad entre personas sexodisidentes.