El Estado argentino presenta un camino sinuoso e interrumpido en el intento de llevar adelante registros en materia delitos, violencias y justicia. Un claro ejemplo se presenta en los registros oficiales en materia de violencia de género, los cuales en primer lugar fueron construidos por las mismas organizaciones sociales ante la ausencia de datos oficiales, y a su vez el Estado sólo empezó a construir esta información una vez que la demanda se volvió masiva. De esta manera en los últimos años se han llevado adelante diferentes registros que evidencian los alcances de la violencia de género en el ámbito penal. Sin embargo, aún continúan vigentes preguntas en torno a la incidencia de estas violencias en el universo de personas que cumplen medidas de ejecución penal, dentro o fuera de las cárceles. En este sentido, en 2023 el Patronato de Liberados llevó adelante una investigación que relevó que más de un 20% de la población supervisada se encontraba cumpliendo su pena a razón de un delito cometido en contexto de violencia de género. Esto presentó a la problemática como una de las causales más importantes de supervisión para este organismo y da lugar a una serie de interrogantes en torno a las características de este fenómeno. Todas ellas parten de interrogar si el tratamiento de estas violencias que irrumpieron en la agenda pública, han canalizado su tratamiento en última instancia a través de medidas de ejecución penal no penitenciarias, y si esto es así, cuál es el impacto en el Patronato de Liberados Bonaerense. El presente trabajo se propone realizar un análisis de los resultados de la investigación desarrollada por el organismo, bajo esta pregunta guía y en diálogo con otros registros existentes.