Los actores del ámbito provincial de la Política de Seguridad Urbana transitan periodos de tensión institucional producto de una combinación de factores, derivados fundamentalmente del impacto que tienen una categoría de problemáticas del campo de acción e intervención policial actual en el marco de una realidad social cada vez más dinámica y compleja. Entre otras se podrían enumerar:  continuidad y crecimiento de la cantidad de hechos delictivos en el plano de la seguridad urbana, con la violencia como rasgo distintivo de las mismas,  mayor dinámica en el desplazamiento espacial y de los tipos de delitos más violentos,  una proyección en el corto y mediano plazo de un contexto de alta conflictividad social. Es en estos momentos donde se debe prestar debida atención, a las distintas instancias del proceso de formación de los Recursos Humanos Policiales. En este contexto, es clave repasar y analizar cuestiones como:  la preparación al momento de tener que aplicar la fuerza,  el nivel de entrenamiento que tienen o necesitan para hacerlo,  sus conocimientos sobre la escala gradual de su uso y la templanza para no cometer excesos y abordar profesionalmente una situación de violencia,  el estado de salud físico y mental del personal Entre un “mar de dudas”, que no puede ni debe convertirse en resignación de los actores institucionales involucrados, algunas certezas. Una que parece haber venido para quedarse: la necesidad de insistir en la aplicación de procesos de profesionalización policial sólidos y continuos, aun en escenarios como los descriptos. Este aspecto, implica para las autoridades a nivel gubernamental y de la propia institución policial un seguimiento de tipo permanente; aunque se traten de aspectos institucionales menos visibles. En esta línea se puede resaltar la utilidad, como herramienta de gestión de los denominados “protocolos de actuación policial”.