El trabajo que se presenta reúne y sistematiza información relevada por los equipos de investigación de la RCS, en los seis países, a través la aplicación de tres herramientas metodológicas diferentes. El objetivo de la investigación fue presentar un diagnóstico de situación sobre la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes (NNA) en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Venezuela. En primer lugar se describe el marco normativo internacional y regional que señala los derechos de NNA a ser protegidos de las violencias, y las garantías que los estados se comprometieron a brindar para la prevención y la protección de las víctimas. En este marco, se definieron cinco tipologías de violencia sexual que afectan a NNA en todo el territorio latinoamericano y los contextos generales de cada país, en los cuáles se producen: abuso sexual, embarazo forzado, explotación sexual y trata de personas con fines de explotación sexual, violencia sexual en entornos digitales y educación sexual integral . Siguiendo el esquema de las tipologías se trabajó con una matriz única regional que orientó un relevamiento que pretendió identificar: ● Herramientas normativas a nivel nacional (marcos normativos nacionales), ● políticas públicas destinadas a la atención de la violencia sexual: ○ Campañas comunicacionales ○ Programas nacionales de prevención ○ Programas de protección y atención ● Identificación de presupuestos destinados a las políticas de atención ● Sistemas de registro, evaluación y/o monitoreo de las políticas. La información obtenida se sistematizó en un cuadro por país y tipo de violencia, señalando la normativa vigente, los programas destinados a su prevención y atención, datos oficiales de violencia sexual contra NNA y estado de implementación. En segundo lugar, se definió un modelo básico de “ruta crítica” en el cual se distinguen las diferentes etapas en la atención de las violencias sexuales contra NNA. A partir del mismo se diseñó una herramienta “cuestionario asistido” con preguntas cerradas y semicerradas que los equipos administraron con agentes de implementación (actores clave) de las diversas políticas públicas descritas en el cuadro anterior. Las preguntas estaban destinadas a conocer la percepción de actores clave sobre vulnerabilidades específicas por grupos/comunidades, obstáculos en los abordajes de restitución de derechos a las víctimas y en los procesos que atraviesan las mismas en los sistemas de protección, describiendo circuitos interinstitucionales. Por último, a partir del estudio de casos paradigmáticos por tipo de violencia en cada país se analizó la brecha existente entre la respuesta institucional a las víctimas de violencia sexual y el estándar de derechos propuesto en las normativas nacionales e internacionales. Los resultados de la investigación señalan puntos críticos o cuellos de botella, sobre el accionar de las instituciones públicas en el abordaje de las violencias sexuales, que es preciso revisar debido a las obligaciones contraídas por los países de la región en el marco de los documentos internacionales de protección de derechos humanos de NNA. Los principales resultados del estudio refieren: ● Inexistencia de sistemas nacionales de registro de las violencias sexuales, organizados por edad, género, territorio, gravedad y medidas adoptadas. Esto permitiría dimensionar y entender la problemática para trasladarla a la planificación de políticas. ● Ausencia de monitoreo sobre las políticas públicas de atención de las violencias sexuales contra NNA, para permitir retroalimentación con los registros y propender a la mejora continua de los procesos. ● Presupuestos exiguos y falta de claridad en la información pública de los mismos. ● Sistemas Nacionales de Protección debilitados que no asumen la coordinación de los diferentes actores involucrados en los procesos de abordaje. ● Respuestas fragmentadas en el marco de las políticas públicas que brindan asistencia a las víctimas, apoyándose en sus propias capacidades de sortear los mecanismos institucionales dispuestos (denuncia, sistema de justicia, asistencia sanitaria, protección, tratamiento psicosocial). ● Personal técnico profesional sin capacitación y/o formación en perspectiva de género y derechos de NNA en las diferentes instancias de atención. ● Identificación de responsabilidades individuales, que culpabilizan en primer lugar a las familias y a las propias víctimas. ● Ofertas de reparación revictimizantes, que no tienen en cuenta la particularidad de las y los sujetos que sufren las violencias, los procesos evolutivos y la integralidad de sus derechos. ● Prácticas de atención de las violencias que resultan violatorias de los derechos de NNA: ○ falta de adaptación de los dispositivos administrativos y judiciales a la edad y capacidades de cada NNA; ○ desvalorización de su opinión o participación real; ○ patologización y medicalización; ○ control excesivo y criminalización; ○ segregación, separación arbitraria y sostenida de sus familias; e institucionalización. La información obtenida induce a pensar que los diagnósticos de la violencia sexual que operan en la esfera de la planificación de las políticas, se basan en comportamientos individuales, no cuentan con datos certeros o sistematizados que permita orientar el diseño de las políticas.