La sanción de la Ley de Financiamiento Educativo (2005) y la Ley de Educación Nacional (2006) marcaron un hito en materia de financiamiento de la educación en tanto establecieron umbrales de inversión mínima en educación, ciencia y tecnología. Las metas de inversión establecidas constituyeron un puntapié para orientar los esfuerzos adicionales que, de manera conjunta, la Nación y las provincias, debían realizar para alcanzar el umbral del 6% del PIB. La estrategia de incrementar el nivel de inversión fue una novedad para la educación argentina. Disponer de un marco normativo, institucionalizó el compromiso estableciendo un horizonte temporal y asignando responsabilidades para cada nivel de gobierno. Sin embargo, su concreción registró limitaciones en torno a los instrumentos y mecanismos de asignación de recursos para alcanzar y sostener la meta de inversión. Tras quince años de la sanción de la Ley de Financiamiento Educativo, el monitoreo de las metas de financiamiento establecidas indica que la inversión en educación creció durante entre 2005 y 2010, cumpliendo con la ley, aunque no se alcanzó la meta establecida por la Ley de Educación Nacional entre los años 2011 y 2019. El Estado nacional y las provincias debían destinar una inversión adicional cercana a los $53.500 millones y $184.700 millones, respectivamente para alcanzar la meta en el año 2019. El análisis del periodo permite señalar que, si bien la disminución de la inversión educativa refleja la insuficiencia institucional, existen factores estructurales que afectan los niveles de inversión vinculados al esquema federal marcado por el desequilibrio fiscal y la pérdida de efectividad de los instrumentos de financiamiento. Este documento presenta tres hallazgos en materia de financiamiento educativo en Argentina. El primero está vinculado a la afectación de recursos coparticipables como mecanismo para avanzar hacia una correspondencia fiscal. Este instrumento fue incorporado por la Ley de Financiamiento Educativo y la Ley de Educación Nacional, pero no fue suficiente para proteger la inversión educativa durante el periodo 2011-2019 debido a la pérdida de potencialidad en la direccionalidad de los recursos a la educación. Es decir, al observar la evolución de la inversión, se evidencia un efecto no deseado de la disminución de la inversión provincial debido al reemplazo de las fuentes de financiamiento. En segundo lugar, en los últimos quince años la inversión nacional se concentró en fondos salariales restringiendo la disponibilidad de recursos para programas educativos nacionales. Estos programas, impulsados por criterios redistributivos, objetivos y transparentes, tienen el potencial de reducir las desigualdades educativas estructurales en las provincias. El tercer hallazgo es que, a pesar de que los fondos nacionales han contribuido a reducir la brecha entre las provincias que más recursos destinan a la educación y las que menos lo hacen, la inequidad continúa siendo considerable. Este informe produjo evidencia acerca de cómo la direccionalidad de los recursos coparticipables contribuyó a disminuir la inequidad provincial. Aún queda camino por recorrer para garantizar niveles de equidad de la inversión educativa en todo el territorio nacional. Finalmente, para alcanzar la meta de inversión educativa, resulta necesario impulsar consensos a nivel federal que definan la responsabilidad de las políticas educativas entre el Estado nacional y las jurisdicciones provinciales. Estos acuerdos federales deben apoyarse sobre mecanismos de coordinación que determinen la asignación de los recursos en la búsqueda de mayor justicia educativa. El Estado nacional tiene disponibilidad de recursos para financiar programas educativos nacionales que promuevan la disminución de la inequidad de la inversión entre las jurisdicciones provinciales.