Al defender su territorio sagrado en 2012, los wixárika sentaron un precedente jurídico en materia de derechos colectivos, por el cual habrán de condicionarse los permisos de explotación minera ante los derechos de los pueblos indígenas a la posesión y uso del territorio tradicional y sus tierras ancestrales, tal como lo reconoce el sistema jurídico internacional, sus tratados y convenios que en México tienen estatus superior al de leyes como la de minería.