El objetivo de la investigación que soporta este documento fue analizar la política de seguridad alimentaria en México con una perspectiva histórica de larga duración que nos remonta a los últimos cincuenta años. El eje de la investigación está orientado por las siguientes preguntas: ¿Qué tipo de economía agraria tenemos en México y hacia dónde vamos? ¿Seguridad o soberanía alimentaria? El estudio ofrece pautas para proyectar el tipo de política que necesitamos en la materia para remontar la crisis del desarrollo rural. El punto de inflexión en la economía política reciente es 1994, por la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, apertura comercial antecedida por la reforma al artículo 27 constitucional en 1992. Para entender este cambio estructural, nos remontamos a la crisis financiera que inicia en la década de 1970 y continúa con altibajos hasta bien entrada la década de 1990. Este marco de antecedentes permite caracterizar la estructura agraria anterior a la reforma del artículo 27 y el tipo de desarrollo rural establecido. El método de investigación consistió en definir un marco de análisis a partir de los siguientes temas: antecedentes de la reforma al 27, estructura agraria, desarrollo rural y pobreza alimentaria. Una vez definidos los temas, se identificaron subtemas e indicadores que sirvieron como guía para buscar datos estadísticos y contrastarlos con procesos económicos, políticos y sociales. Considerando que el estudio del desarrollo rural es multidisciplinario, hemos recurrido a bibliografía producida por sociólogos, economistas y antropólogos, así como a la estadística que ofrecen instituciones nacionales e internacionales. Los resultados del estudio permiten analizar el estado actual de la seguridad alimentaria en México, las posibilidades de alcanzar la autosuficiencia alimentaria y los riesgos reales de caer en situaciones de mayor pobreza alimentaria. Se abre una línea de discusión para distinguir el marco de políticas de seguridad y soberanía alimentaria. Se concluye que para hacer efectiva la ley general de desarrollo rural sustentable y, en consecuencia, alcanzar simultáneamente las metas de productividad y reducción de la pobreza, se requiere tener lineamientos más claros y metas de control de la inflación, así como también se requiere retomar la política de inversión pública en plazas de mercados populares para estrechar los vínculos entre productores y consumidores, y reducir las cadenas de intermediarios.