La sociedad argentina ha experimentando durante los últimos años un original proceso de debate sobre el problema de las drogas. Quizá por primera vez en la historia de nuestra sociedad desde ciertos espacios políticos, desde algunos ámbitos oficiales y desde algunas esferas del Estado se ha empezado a asumir la insuficiencia e incluso el fracaso de los modelos de regulación e intervención basados en los paradigmas tradicionales del abstencionismo, la penalización y el tratamiento compulsivo de los usuarios de drogas. Esta apertura del debate no es casual. No surge por generación espontánea ni a partir de la voluntad iluminada de algunos de sus protagonistas.