A partir de la revisión crítica de los enfoques monetarios de medición de la pobreza, se ha avanzado en propuestas alternativas que rescatan la necesidad de considerar múltiples dimensiones del desarrollo humano y social en su relación con los derechos humanos. Entre dichas propuestas se destaca la desarrollada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en México 2010, y para el caso de la población infantil la realizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 2012. Aquí se presenta un ejercicio de adaptación de esta última al caso de la infancia argentina que permite estimar que al menos el 26,6% de la niñez urbana, tras casi una década de importantes progresos sociales y económicos, experimenta privaciones sociales en dimensiones de derechos fundamentales como: alimentación, saneamiento, vivienda digna, educación, información y salud.