Desde la Psicología Comunitaria indagamos los efectos de las políticas públicas en ámbitos de prevención y promoción de la salud infantojuvenil, en situación de vulnerabilidad psicosocial. Las tensiones entre los viejos paradigmas tutelares y los nuevos basados en protección de derechos, participación social, fortalecimiento de ciudadanía, autogestión, son analizados como procesos historizantes y transformadores. Como corolario de la última década del siglo XX y primera del siglo XXI, el campo de los derechos de niños, niñas y adolescentes ha logrado un salto cualitativo respecto de su reconocimiento en la agenda pública. La Convención Internacional de los Derechos del Niño (CIDN) incorporada a la Constitución Nacional de la República Argentina en 1994 y las legislaciones nacionales y locales posteriores como la ley nacional 26.061/2005 y la ley de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)114/1998 han permitido: - reafirmar que los niños tienen iguales derechos que todas las personas; - especificar los derechos según las características del momento vital del niño; - regular las controversias jurídicas provenientes del no cumplimiento de los derechos de los niños o de su colisión con los derechos de los adultos; y, - orientar y limitar las actuaciones de las autoridades públicas y las políticas públicas en relación a la infancia. Desde la perspectiva del interés superior del niño como principio hermenéutico, la CIDN establece otros cuatro principios fundamentales: el Estado como principal garante del acceso de los derechos de los niños ; la universalidad de los derechos comprendida como la generación de políticas que superen la agenda de programas asistenciales focalizados en la pobreza; la co-responsabilidad de la familia y la comunidad para el cumplimiento de los derechos; y, la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales y control judicial. Las políticas públicas nacionales enmarcadas en el derecho internacional posicionan el lugar del Estado frente a las problemáticas de las desigualdades sociales. La Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, asentada en los principios de los derechos internacionales, plantea un cambio de abordaje en las intervenciones del Estado y recupera imperativos ético- políticos para garantizar la vida digna, la justicia social y la sustentabilidad intergeneracional. La CABA fue un territorio pionero tanto en la actualización legislativa como en lo respectivo a las prácticas sociales alternativas incluso impulsadas desde el propio Estado, sin embargo, muestra hoy un escenario paradójico de retorno a prácticas tutelares que interpelan la ciudadanía de niños, niñas y adolescentes. La cesura entre la retórica de las leyes y políticas, y la eficacia en su implementación son interpeladas por la emergencia de problemáticas que adquieren nuevas modalidades como las violencias entre las y los jóvenes, los consumos problemáticos de sustancias, las maternidades y paternidades en la adolescencia, entre otras.