Este capítulo analiza el estudio del desarrollo de los derechos políticos de las comunidades indígenas en el Caribe colombiano, realizado mediante análisis jurisprudencial, que conduce a conocer e interpretar la importancia del derecho constitucional a la consulta previa, la autonomía de las autoridades y resguardos indígenas y los derechos de representación en las principales instancias políticas. Es la mirada del país desde las regiones, empleando el principio de descentralización, que permitirá descubrir los alcances de la protección del Estado y su efectiva reparación en casos de peligro manifiesto o daño consumado. La defensa de los derechos políticos se encuentra ligada a la preservación del territorio y la capacidad de las comunidades indígenas de decidir sobre proyectos nacionales que impliquen afectaciones a la identidad, cultura y tradición de los habitantes de una comunidad, lo que se convierte en una tarea de los magistrados constitucionales mediante sentencias, instadas por demandas de tutela o constitucionales, en las últimas también por control automático de constitucionalidad. La necesidad de tomar estos derechos como objetivo de estudio, en el contexto del siglo XXI, supone el reconocimiento del avance o detrimento que han tenido desde su origen, la Constitución de 1991, y cómo se han adaptado con el contexto nacional.