La presente ponencia surge a partir de una reflexión, llevándose a cabo un análisis, en donde se fusiona la temática de vivienda con familia/ unidad doméstica. Articulando el ámbito privado y público, donde los sujetos se producen y reproducen materialmente con el fin de satisfacer sus necesidades. Teniendo esto que ver con considerar que la familia y sus miembros se hallan atravesados permanentemente por la estructura política- económica. Razón por la cual, el trabajo se orienta luego, a revisar cómo los accionares estatales garantizan o no el derecho de acceso a la vivienda. Partiendo de una concepción del sujeto como sujeto de derecho y abordando el concepto de familia desde su complejidad y heterogeneidad. El proceso de segregación social ha generado los efectos más irrebatibles sobre diversos grupos de ciudadanos, destacándose el problema de acceso a la vivienda para los sectores populares. Siendo uno de los más desfavorecidos por la toma de decisiones económicas vinculadas a un proyecto de gobierno neoliberal, desde el año 2015 a la actualidad. La inflación, la creciente desigualdad y la persistencia de problemas estructurales son los asuntos que más inciden en la reproducción material de las familias vulnerables. Reflejándose la crisis en números, según los últimos informes llevados a cabo por el Instituto Nacional de Estadística y Censos uno de cada tres hogares problemas de vivienda. Son alrededor de cuatro millones, de los cuales 1,5 millones son la cantidad de viviendas que se necesitan construir y el resto, casas ya construidas pero que sinbargo, tienen problemas de calidad, falta de servicios básicos o hacinamiento. Estimando además que, desde el 2018 viven 44,5 millones personas que conforman 13,3 millones de hogares (Cabot, 2018).