El presente artículo examina las políticas públicas del gobierno de México durante los últimos cinco años para la conservación y desarrollo sustentable de cuatro regiones indígenas (nahuas, otomíes, mazahuas, lacandones, tzeltales, choles y tzotziles) de los estados de Chiapas, Michoacán, México, Colima y Jalisco. El gobierno de México se comprometió con el Fondo Mundial para la Protección del Medio Ambiente a realizar acciones tendientes a preparar a las comunidades indígenas para cuidar y proteger la naturaleza. El Banco Mundial ha manejado un fondo especial para estas acciones de los cuales otorgó a México una donación por cerca de 30 millones de dólares en 1996 y es el que ha servido para apoyar la política conservacionista del Instituto Nacional de Ecología en 10 Áreas Naturales Protegidas (ANP). Durante nuestra estancia en la oficina para México del Banco Mundial en 1995-1996 pudimos visitar cuatro de éstas áreas y de ellas nos propusimos redactar este artículo con el objetivo de visualizar el impacto social de este proyecto y que hoy damos a conocer. Nuestros juicios y nuestras afirmaciones se basan en el trabajo de campo y en la observación participante y directa que reflejan la situación en que se encontraba el proyecto para 1997.