Desde hace más de un siglo, en Argentina, el Estado (a través de la normativa) intenta regular el accionar de los estudiantes secundarios en las escuelas de manera diferente. La forma en que lo hace, permitiendo, controlando o prohibiendo la participación estudiantil, implica representaciones sobre los jóvenes escolarizados, sobre la escuela, la democracia, la ciudadanía y la política. En la normativa educacional se definen las acciones estudiantiles que se consideran lícitas (y las que no) en el ámbito escolar. Pero también, las organizaciones estudiantiles, en diferentes ocasiones, han aceptado, cuestionado o rechazado esos intentos reguladores a partir de sus repertorios de acción, demandas y construcción de agendas propias.Desde el retorno a la democracia, hacia fines de 1983, hasta hoy, el debate sobre la participación de estudiantes secundarios se lleva a cabo en diversos ámbitos: instituciones escolares, medios masivos de comunicación (radio, televisión, prensa escrita y/o digital), redes sociales, espacios de gobierno, entre otros. En los últimos diez años se han aprobado leyes nacionales (y también jurisdiccionales) que regulan (y promueven) la participación de los jóvenes ?entre ellos, estudiantes- en diferentes instancias: elecciones nacionales y provinciales, consejos de convivencia escolar, centros de estudiantes y parlamentos juveniles. La sanción de esas normas se ha dado en el marco de una discusión centrada en el argumento de la ampliación de derechos. El trabajo que aquí se presenta se propone centrar la mirada en los discursos construidos sobre la participación estudiantil a partir del análisis de los proyectos de ley presentados en la Cámara de Diputados de la Nación, del debate parlamentario que se generó en el proceso de sanción de la primera ley nacional que reglamenta la creación de Centros de Estudiantes y de las propuestas de modificación que se hicieron a diez años de su aprobación. Del análisis surge que tanto en los proyectos como en el debate se construyó una determinada cronología sobre el movimiento estudiantil secundario en Argentina que está sesgada por los partidos políticos a los que pertenecen los legisladores. Asimismo, la carrera militante de los diputados es utilizada como fundamento para mostrar el apoyo a la ley.