La crisis sanitaria producto del COVID 19 trajo aparejada una serie de cambios sociales de gran impacto que posicionó a la educación como uno de los ejes centrales de discusión en el manejo de la pandemia y sus implicancias para la educación.
Las escuelas constituyen el principal organizador social de las familias modernas y la interrupción de la presencialidad produjo un súbito cambio en la organización de las tareas laborales y escolares de los individuos. Este hecho puso sobre el tapete la discusión sobre la función social de la educación.
El funcionamiento del sistema educativo, que desde su génesis fue esencialmente presencial, evidenció que las instituciones escolares cumplían, además de su consabida función de trasmisión de conocimiento socialmente destacados, una serie de funciones asociadas como garantizar la alimentación de los niños y niñas y constituir un espacio de seguridad de exposición de los estudiantes de situaciones de marginalidad y violencia, que con la interrupción de la presencialidad se vieron seriamente comprometidas.
En Argentina y en la región, aun cuando se lograron progresos importantes en la escolarización de la población, queda mucho por evaluar respecto a los aprendizajes, la calidad de los mismos y la ausencia de fuentes de información periódicas accesibles que permitan ver el impacto de la pandemia y los retrocesos y brechas que se produjeron producto de ella. En ese sentido, el rol que nos atañe es revisar el estado de situación de la educación en el país y la región y su cumplimiento como derecho básico y fundamental. Es por ello que se considera oportuno abrir el debate y el convite a todos aquellos autores, cuyos trabajos puedan aportar -utilizando una visión sociodemográfica- los resultados de sus investigaciones acerca de diferentes temas relacionados con la educación.